Los Censos Nacionales 2025 revelan que más de 3 millones de hogares dependen de alternativas tradicionales debido a la masificación desigual concentrada en Lima.
LIMA.– A más de dos décadas del inicio de operaciones del yacimiento de Camisea, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) confirmó que más de 3 millones de hogares en el Perú continúan cocinando con leña. La cifra supera ampliamente al número de familias que tienen acceso a una red de gas natural domiciliario, exponiendo una profunda brecha en la transición hacia combustibles modernos.
Los resultados de los Censos Nacionales 2025 revelan que el 28,4% de las viviendas del país recurre a la leña como fuente principal de energía, frente a un limitado 15,8% que cuenta con conexión a gas natural. El balón de Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantiene a la cabeza a nivel nacional, siendo el combustible más utilizado con una cobertura que alcanza al 67,3% de los hogares.
La infraestructura del gas natural residencial se encuentra fuertemente centralizada. Lima y Callao concentran la gran mayoría de las conexiones del país a través de la empresa Cálidda, que administra más de 2,5 millones de hogares conectados, además del abastecimiento a industrias y termoeléctricas. En contraste, las regiones fuera de la capital dependen de modelos de distribución fragmentados o del sistema de «gasoducto virtual» mediante camiones cisterna en el norte e Ica.
El despliegue hacia el interior del país acumula expectativas incumplidas. Proyectos clave como «Siete Regiones» y el Gasoducto Sur Peruano quedaron truncos tras el escándalo de Odebrecht y la salida de operadores internacionales, dejando la concesión del sur en manos de Petroperú. Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) evalúa una adenda con Cálidda para expandir redes en zonas como Cusco —donde persisten cuestionamientos—, bajo la incertidumbre política del periodo gubernamental 2026-2031.
Pese a que el Gas de Camisea genera actualmente el 40% de la electricidad nacional y posee reservas proyectadas hasta el año 2040, el uso generalizado de la leña en zonas rurales sigue impactando de forma directa en la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de millones de familias, planteando un desafío urgente para la política energética del país.
