El Tribunal Constitucional establece un precedente vinculante que obliga a los parlamentarios a coordinar y financiar técnicamente cualquier iniciativa legislativa.
LIMA.– En un histórico cambio de criterio jurisprudencial, el Tribunal Constitucional (TC) determinó que el Congreso de la República no podrá aprobar ninguna ley que genere nuevos gastos para el Estado sin coordinar previamente con el Poder Ejecutivo y sin acreditar técnicamente su fuente de financiamiento.
La decisión se originó al resolver una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31232 —sobre la reubicación de la población de la zona baja del distrito de Belén, en Loreto—. Sin embargo, el fallo trasciende este caso particular al fijar un precedente vinculante de aplicación obligatoria para todo futuro proyecto legislativo con impacto presupuestal.
A partir de esta resolución, las comisiones parlamentarias no podrán dictaminar proyectos que incrementen el gasto público si no cuentan con un informe de sostenibilidad fiscal emitido por el Ejecutivo. El TC precisó que estas exigencias protegen el principio constitucional de sostenibilidad fiscal y la administración de la hacienda pública, permitiendo solo excepciones justificadas en derechos económicos, sociales y culturales.
La sentencia, emitida a menos de tres semanas del cambio de gobierno, busca frenar un quinquenio de continuos enfrentamientos institucionales provocados por leyes observadas debido a la violación del artículo 79 de la Constitución. El propio TC reconoció expresamente que este fallo constituye «una nueva regla» frente a sus criterios jurisprudenciales anteriores.
El fallo dividió al plano político. El exministro de Economía, Pedro Francke, cuestionó duramente la imparcialidad del TC al afirmar en redes sociales que la regla responde a intereses coyunturales. “Ponen el poder donde está Keiko. Si el 2031 el fujimorismo pierde las elecciones presidenciales, pero retiene fuerza en el Congreso, el TC cambiará la regla de nuevo”, sentenció.
La resolución fue respaldada por los magistrados Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich (ponente) y Hernández Chávez, mientras que Luz Pacheco y Manuel Monteagudo emitieron votos singulares. El TC exhortó al Congreso a adecuar de inmediato su procedimiento legislativo.
