Un nuevo planteamiento en la Comisión de Presupuesto del Congreso busca acelerar los beneficios de la Ley 32563, contraviniendo la propuesta de gradualidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que apuntaba al año 2030.
El debate sobre los derechos laborales en el sector público suma un nuevo e intenso capítulo en el Parlamento. Durante la sustentación del proyecto de ley de crédito suplementario —que busca incorporar S/9,596 millones al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026—, se presentó una propuesta legislativa que busca modificar sustancialmente el cronograma de pagos de los aguinaldos y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña Namihas, había planteado inicialmente ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que la implementación de la Ley N° 32563 se realice de manera progresiva y escalonada hasta el año 2030. Bajo la fórmula del Ejecutivo, los trabajadores CAS recibirían apenas el 10% del monto total de una remuneración por concepto de gratificación tanto en julio como en diciembre del presente año 2026.
Contrapuesta del Congreso frente al MEF
Sin embargo, la iniciativa de un sector del Congreso de la República pretende patear el tablero del Ejecutivo al calificar de insuficiente la propuesta del Gobierno Central. La contrapropuesta formalizada ante la comisión dictaminadora plantea que este mismo julio de 2026 se efectúe un desembolso equivalente al 50% de la gratificación completa, acelerando el proceso de equiparación laboral para que estos servidores del Estado perciban el 100% de dicho beneficio de forma obligatoria en el año 2028, dos años antes de lo proyectado por el MEF.
Cabe precisar que los fondos para viabilizar este beneficio se encuentran en disputa dentro del paquete presupuestal de contingencia, el cual también contempla partidas críticas para la implementación de más de 30 universidades creadas por el Parlamento y el financiamiento de los bonos pactados por negociación colectiva para los trabajadores del Ministerio de Educación (Minedu). Los gremios de trabajadores CAS a nivel nacional permanecen en expectativa ante el dictamen final que emita la comisión antes de su debate en el Pleno.
