Un clima de tensión, preocupación y cuestionamientos se vivió durante la ejecución de un desalojo judicial en el sector de Cochahuain, provincia de Yungay, donde un fuerte contingente de la Policía Nacional del Perú llegó para dar cumplimiento a una orden emitida por el Poder Judicial.
Sin embargo, más allá del procedimiento judicial, lo que más llamó la atención de vecinos y pobladores fue la presencia de personas civiles encapuchadas que acompañaban el operativo y cuyo ingreso habría sido permitido por los propios efectivos policiales.
Testigos señalaron que estas personas no portaban identificación visible ni uniforme oficial, pese a lo cual se desplazaban dentro y alrededor de la zona intervenida bajo resguardo policial.
Diversos vecinos expresaron su preocupación debido a que, según afirmaban, la Policía terminó brindando seguridad a individuos de procedencia desconocida durante el desarrollo del operativo.
“Ellos no parecían policías, pero ingresaban junto al contingente y la misma Policía les daba pase”, comentaron algunos pobladores que observaron la intervención.
La situación generó momentos de alta tensión entre los ocupantes del inmueble y los agentes del orden. Según testigos, dentro de la vivienda se encontraban menores de edad que terminaron desmayándose en medio del nerviosismo y la exposición a bombas lacrimógenas utilizadas durante la diligencia.
Asimismo, una persona resultó herida presuntamente por el impacto de una bomba lacrimógena y fue trasladada al Hospital de Yungay para recibir atención médica. De acuerdo con información proporcionada por el médico de turno, Dr. Julián Espinoza, el paciente recibió sutura de dos puntos en el cráneo y quedó bajo observación.
Mientras las diligencias continuaban bajo estrictas medidas de seguridad, decenas de vecinos permanecían en los alrededores observando el desarrollo de los hechos y cuestionando la participación de civiles no identificados en una intervención de carácter judicial y policial.
El operativo ha generado debate entre la población local, principalmente por el rol que habrían desempeñado estas personas encapuchadas y por las condiciones en que se desarrolló la intervención, en presencia de familias y menores de edad.
