A más de medio año del deceso de Chang Berly Milla Ponce, exconsejero regional por la provincia de Huaylas, su padre, Teodoro Leoncio Milla Heredia, se incorporó formalmente al proceso judicial ante el Ministerio Público de Yungay para exigir celeridad procesal. La medida legal busca frenar el letargo en la carpeta fiscal abierta desde noviembre de 2025, debido a que la fiscalía provincial encargada del caso aún no formula la acusación correspondiente, manteniendo las indagaciones públicas paralizadas y sin un rumbo técnico definido.
Irregularidades y deficiencias técnicas advertidas en la investigación fiscal
La intervención formal de la familia directa, mediante su defensa legal, se sustenta en una serie de retrasos acumulados en la sede fiscal de la provincia de Yungay. Entre los puntos críticos señalados en el expediente se encuentran:
- Plazos vencidos: Ha transcurrido más de medio año desde la apertura de las indagaciones preliminares en noviembre de 2025 sin que existan disposiciones de prórroga justificadas o cierre de etapa.
- Ausencia de acusación fiscal: La Fiscalía de Yungay no ha emitido el dictamen de acusación formal ni el sobreseimiento del caso, dejando la causa penal en un limbo jurídico.
- Pericias pendientes: La defensa técnica de los deudos advierte pasividad en la programación de diligencias clave y peritajes complementarios para el esclarecimiento de los hechos que provocaron la muerte de la exautoridad.
- Falta de transparencia: Se cuestiona el hermetismo y el perfil bajo con el que los magistrados a cargo vienen conduciendo las pesquisas de un caso de alto interés público regional.
Descargos institucionales y acciones inmediatas de la defensa legal
El apersonamiento formal de Teodoro Leoncio Milla Heredia faculta legalmente a la familia para tener acceso completo a la carpeta fiscal, proponer actos de investigación, presentar peritos de parte y participar en todas las declaraciones presenciales. El objetivo central de la defensa es presionar de manera jurídica para que se rompa el silencio administrativo.
Por su parte, el despacho fiscal de la provincia de Yungay no ha emitido ningún comunicado oficial ni descargo respecto a las razones técnicas del retraso o la sobrecarga procesal que justifique la demora de más de ocho meses. Los deudos y representantes civiles de la provincia de Huaylas anunciaron que, de continuar la inacción fiscal en Yungay, elevarán una queja formal ante Órgano de Control Institucional (ODECMA) del Distrito Fiscal de Áncash por inconducta funcional y dilación innecesaria de la justicia.
