Jolvi Rodríguez Calderón, cabeza visible de una familia dedicada a la minería ilegal en Pataz, La Libertad, fue asesinado a balazos cuando retornaba a su casa, ubicada en el anexo de Carhuabamba, el viernes 20 de marzo de este año. Parecía un asesinato más. Pero no fue así.
Los familiares de Jolvi Rodríguez relataron que los pistoleros vestían uniforme de camuflaje y viajaban en dos camionetas 4×4. Sospechaban de militares al servicio de otros mineros ilegales. Pensaban así por el ensañamiento de los homicidas contra Jolvi Rodríguez. Después de acribillarlo en el estómago y los pulmones, dinamitaron un camión, una compresora y dos motocicletas de la familia. Por si fuera poco, colocaron explosivos en la casa de Jolvi Rodríguez y la volaron. No era un simple acto de sicariato.
El fiscal mixto de Pataz, Limber Mallqui Acosta, abrió una investigación y remitió el caso a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo. Un equipo al mando del mayor PNP Roger Sánchez Chávarry se trasladó de inmediato al lugar de los hechos para buscar a los homicidas de Jolvi Rodríguez.
La pista de los criminales
Durante el trabajo de campo, los agentes de la Divincri de Trujillo detectaron que la ruta que tomaron los asesinos conducía a la única garita de control de la mina Porfía. Las cámaras de vigilancia de la zona identificaron a una patrulla mixta compuesta por efectivos del Ejército y de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). El grupo, al mando del capitán Edwar Diaz Cieza, pasó por la garita antes y después del asesinato de Jolvi Rodríguez.
Los agentes de la Divincri de Trujillo no descartan que miembros del Ejército y de la Diroes de la PNP estén vinculados con el asesinato de Jolvi Rodríguez. La investigación sigue en curso. El fiscal Limber Mallqui ha programado el interrogatorio a los militares y policías que fueron captados por las cámaras en un lapso en el que fue ejecutado Jolvi Rodríguez.
El miércoles 7 de abril, el equipo especial de la Divincri de Trujillo, dirigido por el mayor PNP Robinson Sánchez Chávarry, arribó a Pataz. Después de recoger una serie de evidencias y testimonios de testigos en la zona, los agentes determinaron que algunos miembros del CUPAZ, entre militares y policías, presuntamente protegían, a cambio de dinero, a familias dedicadas a la minería ilegal.
El sábado 11 de abril, el equipo del mayor PNP Robinson Sánchez recibió información de inteligencia sobre el acopio de una gran cantidad de material explosivo destinado a la minería ilegal, que era transportado en camionetas 4×4 por una carretera cercana a la localidad de Zarumilla, en Pataz.
Ese mismo 11 de abril, el equipo especial enrumbó a Zarumilla. Al llegar al sector conocido como Las Lomas de los Chanchos, ubicado entre los centros poblados Pueblo Nuevo y Zarumilla, se percataron de que cuatro sujetos trataban de subir dos costales a la tolva de una camioneta blanca 4×4, mientras otra camioneta roja aguardaba a pocos metros de la carretera. Eran aproximadamente las 6.30 de la tarde.
Al ver que la Policía se acercaba, los desconocidos se dieron a la fuga y abandonaron los costales en plena carretera. En el interior, los policías encontraron 600 cartuchos de dinamita para la minería ilegal.
En tanto, el chofer de la camioneta roja, identificado como Geraldo Guzmán Marquina (28), y su acompañante, Carmen Villalobos Huamán, fueron intervenidos. Durante el registro, la Policía halló 40.000 soles escondidos en la consola del vehículo. Guzmán y Villalobos negaron conocer la procedencia del cargamento de explosivos. La mujer confirmó que el dinero era de su propiedad; sin embargo, no supo explicar su origen, por lo que ambos fueron conducidos a la División Policial de Pataz.
Como parte de sus labores, el mayor Robinson Sánchez ordenó la búsqueda de los fugitivos. A las 10 de la noche del mismo sábado 11 de abril, ya de regreso a Pataz, el equipo de la Divincri de Trujillo fue interceptado violentamente por una patrulla del Ejército al mando del mayor EP Víctor Andrade Segura. Sin motivo alguno, y pese a que se identificaron como policías, los militares los encañonaron, los sometieron en el piso y los despojaron de sus armas de reglamento. Los acusaban de haber “secuestrado” a Geraldo Guzmán y Carmen Villalobos para arrebatarles los 40.000 soles.
“¡Dónde está el dinero! ¡Queremos el dinero!”, gritaba el mayor Andrade, mientras que sus subordinados apuntaban con sus fusiles las cabezas de los policías.
Una sorprendente captura
Según fuentes del Ejército instaladas en Pataz, habían sido alertadas por las rondas campesinas, que afirmaban que la hermana de uno de los pobladores había sido secuestrada por una banda de delincuentes, quienes le exigían una fuerte cantidad de dinero.
Al día siguiente, domingo 12 de abril, los cuatro policías fueron trasladados en un helicóptero del Ejército a Trujillo y puestos a disposición de la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de cohecho y tenencia ilegal de armas.
Este diario se comunicó con el jefe operativo del Comando Unificado Pataz, coronel EP José Avellaneda Díaz, para que explicara la detención de los agentes de la División de Investigación Criminal de Trujillo, pero no quiso dar detalles de la intervención.
“Todo está en investigación” respondió a La República.
Por su parte, el jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, confirmó que el equipo especial de la Divincri de Trujillo viajó a Pataz para el esclarecimiento del crimen de Jolvi Rodríguez y otras personas.
Pocos días después, el martes 21 de abril, ocurrió un hecho que vinculó a los militares con el crimen de Jolvi Rodríguez Calderón, ocurrido el 20 de marzo. Cuatro sujetos fueron detenidos por su relación con el asesinato del minero.
Ese día, 21 de abril, efectivos de la Comisaría de Chagual, ubicada en el distrito de Pataz, intervinieron a Ko Hook Ortíz Vásquez (24), Roiser Vásquez Mauricio (25), Ejavín Ramos Arce (23) y Jeyser Otiniano Vásquez (30). Los sujetos ocultaban la placa de rodaje 4763-9T, que pertenecía a la motocicleta de Jolvi Rodríguez.
Uno de los detenidos, Jeyser Otiniano, según confirmó el fiscal Leonel Altamirano Yovera, trabajaba como chofer personal del comandante del Ejército de apellido Silva, integrante del Comando Unificado Pataz (CUPAZ).
Según las fuentes, el comandante Silva, cuya verdadera identidad se encuentra en proceso de verificación, presionaba a los efectivos de la Comisaría de Chagual para que dejaran en libertad a Jeyser Otiniano. Incluso se elaboró un informe policial por tráfico de influencias contra el oficial del Ejército. Ahora la pista se dirige hacia esa institución.
Increíblemente, el jueves 22 de abril, cuando los cuatro detenidos eran conducidos de la Comisaría de Chagual a Trujillo, un grupo de ronderos detuvo el vehículo policial y liberó a todos, incluido Jeyser Otiniano Vásquez, chofer del comandante Silva. ❖
Conexiones
- Cuando la Policía interrogó a Jeyser Otiniano Vásquez, este afirmó que trabajaba como conductor del vehículo del comandante Silva y del mayor Andrade Segura, ambos oficiales del Comando Unificado de Pataz (CUPAZ).
LaRepública
