Un megaoperativo de allanamiento, descerraje, registro e incautación se realizó durante 18 horas en un establecimiento penitenciario de Áncash, como parte de una investigación fiscal originada por 13 denuncias relacionadas con presuntos actos de tortura agravada, cobros y otros delitos conexos.
La diligencia fue ejecutada por el Ministerio Público con apoyo de la Policía Nacional, luego de que el Poder Judicial autorizara el allanamiento de las áreas administrativas, ambientes ocupados por agentes penitenciarios, pabellones y otros espacios del penal.
Según informó la fiscal Ada Príncipe Asencios, las denuncias incluyen testimonios de internos que habrían sido golpeados o sometidos a actos degradantes cuando no cumplían con presuntos pagos exigidos dentro del establecimiento. La investigación también alcanzaría a servidores y funcionarios del INPE, aunque la fiscal evitó brindar mayores detalles debido al carácter reservado del caso.
Durante la intervención se registró inicialmente resistencia por parte de algunos agentes penitenciarios. La fiscal señaló que dos agentes fueron identificados como presuntos responsables de obstaculizar la diligencia. Se levantaron las actas correspondientes y el caso será remitido a la Fiscalía Penal de Turno para las investigaciones respectivas.
Asimismo, durante el registro a uno de los agentes se encontraron más de 20 vouchers correspondientes a depósitos y retiros de dinero, con montos que incluían operaciones de S/ 100 y S/ 200. Estos documentos fueron incorporados a la investigación para determinar su procedencia y relación con los hechos denunciados.
La Unidad Canina de la Policía también participó en el operativo. Con apoyo de tres canes entrenados, se ubicaron dos bolsas camufladas que contenían una sustancia blanquecina, presuntamente droga. El material será sometido a los análisis correspondientes para determinar su naturaleza.
La fiscal también informó que el operativo fue preparado durante aproximadamente una semana y media bajo estricta reserva, con participación de personal de Inteligencia y del Grupo Terna. Según explicó, la medida buscaba evitar filtraciones de información debido a la complejidad y peligrosidad de ingresar al establecimiento penitenciario.
Durante la diligencia también se verificó la presencia de celulares. La fiscal aclaró que, según las directivas internas, únicamente determinados funcionarios del penal están autorizados a portar teléfonos, bajo condiciones específicas. El resto de agentes penitenciarios no tendría autorización para portar equipos telefónicos personales dentro del establecimiento.
La intervención se inició aproximadamente a las 7:00 de la noche del sábado y se prolongó hasta la tarde del domingo, incluyendo posteriormente la organización y clasificación del material incautado.
La Fiscalía continuará con las diligencias para determinar responsabilidades y establecer si los objetos, documentos y presunta droga encontrados guardan relación con las denuncias que originaron la investigación
