La Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz formalizó la incorporación del parlamentario por la región Áncash, Adrián Alvarón de la Cruz, en una investigación penal seguida por la presunta comisión de los delitos de apropiación ilícita y administración fraudulenta. La medida fiscal contempla también al exdecano del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Áncash, Luis Chávez Flores, así como a otros exintegrantes de la directiva de la mencionada orden profesional.
La decisión quedó oficializada mediante la Disposición Fiscal 03, con fecha 4 de septiembre de 2026, a través de la cual el Ministerio Público dispuso la ampliación del proceso iniciado en febrero del presente año bajo la tipificación de los artículos 190 y 198 del Código Penal.
De acuerdo con los actuados fiscales, el hecho principal compromete la gestión de Alvarón de la Cruz durante su desempeño como tesorero departamental de la orden profesional. El documento consigna que el 24 de junio de 2024, el actual parlamentario y el entonces decano Luis Chávez suscribieron un compromiso financiero por la suma de S/ 150 mil —monto que con la tasa de interés aplicada asciende a S/ 156 600—, transacción que carecería de la aprobación del órgano institucional competente y de sustento técnico sobre la necesidad del endeudamiento.
Las indagaciones señalan además que los fondos habrían sido canalizados hacia una cuenta mancomunada ajena a las arcas institucionales del Colegio de Ingenieros. Asimismo, la representación fiscal analiza partidas presupuestales destinadas a celebraciones, obsequios y contrataciones diversas cuya documentación de sustento presenta inconsistencias sometidas a peritaje.
En relación al exdecano Luis Chávez Flores y a los exdirectivos involucrados, la investigación abarca presuntas anomalías administrativas cometidas durante el periodo 2022-2024. Entre los hallazgos figuran desfases contables por un valor de S/ 80 820,95, observaciones en el proceso de adquisición de computadoras portátiles valorizadas en S/ 15 500 y egresos institucionales cuya justificación legal viene siendo fiscalizada por el Ministerio Público.
Frente a este escenario, el fiscal a cargo del caso, Joe Enrique Olivares Córdova, ordenó la continuidad de las diligencias preliminares, requiriendo los libros contables de la institución y programando la toma de declaración del legislador Alvarón de la Cruz en compañía de su abogado defensor para el esclarecimiento de los hechos.
El desarrollo del caso genera repercusión en la escena política regional debido a la condición de Alvarón de la Cruz como representante de Áncash en la Cámara de Diputados por el Partido Cívico Obras, agrupación que atravesó recriminaciones públicas de antiguos aliados tras desacuerdos en votaciones parlamentarias, coyuntura independiente del fuero judicial.
Corresponde precisar que la disposición emitida por el Ministerio Público forma parte de las etapas preparatorias de investigación y no constituye una condena ni invalida el principio de presunción de inocencia. La fiscalía determinará la existencia de elementos de convicción suficientes para la eventual formulación de la acusación penal.
