El senador fujimorista Fernando Rospigliosi presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para solicitar la destitución de tres magistrados que inaplicaron la Ley 32107 y la Ley 32419 en el caso de la masacre de Castro Castro, ocurrida en 1992.
Los jueces Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama condenaron a 15 años de prisión a cuatro expolicías por homicidio calificado y lesiones graves, tras considerar que los hechos se enmarcan en graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, Rospigliosi sostiene que la decisión contradice las normas que él mismo impulsó en el anterior Congreso.
La Ley 32107 permite la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, mientras que la Ley 32419 concede amnistía a militares y policías investigados o procesados por hechos ocurridos durante el conflicto armado interno. No obstante, ambas normas han sido cuestionadas por organismos de derechos humanos por favorecer la impunidad en casos de graves violaciones.
De acuerdo con La República, no es la primera vez que Rospigliosi recurre a este mecanismo. En los últimos meses también promovió denuncias contra fiscales y jueces que se negaron a aplicar estas leyes; y ahora busca sancionar a magistrados que emitieron una sentencia contraria a las normas impulsadas por el propio fujimorismo.
