El exalcalde de Independencia y actual candidato de Alianza Para el Progreso (APP), Eloy Alzamora, vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Ciudadanos y sectores políticos del distrito han calificado su gestión anterior como una etapa marcada por el ausentismo, corrupción y los constantes viajes y escándalos personales que opacaron la labor municipal. Sin embargo, hoy la polémica escala por el presunto uso de su influencia política para favorecer intereses familiares.
Apodado por un sector de la vecindad como el nuevo «cosito», Alzamora es señalado de haber negociado su cercanía con el coordinador regional, Walter Soto, con el fin de asegurar espacios de poder. Según fuentes locales, tras el apoyo brindado a la ex candidata a diputada (esposa de Soto), Alzamora habría logrado impulsar la precandidatura de su actual pareja, Irma Bedón Espíndola, al cargo de Consejera Regional por la provincia de Recuay.
La controversia no termina en el vínculo sentimental. Se reporta que Bedón Espíndola ejerce un control absoluto sobre las decisiones de campaña de APP en el distrito, desde la selección de aportantes hasta la designación de regidores.
Incluso, se han revelado presuntas presiones hacia aliados políticos, como Lalo Villa y Antonio Casana, a quienes se les estaría exigiendo financiar tanto la campaña distrital como la de la consejería por Recuay. El condicionamiento sería directo: de no aportar económicamente, perderían el respaldo político en dichas jurisdicciones.
Pero, ¿quién es la figura que busca representar a Recuay? Irma Marina Bedón Espíndola, natural de Ticapampa, carga con un historial que genera serias dudas sobre su idoneidad para el cargo público. Actualmente, afronta diversas investigaciones judiciales por presuntos delitos, entre los que destaca una acusación por abigeato.
Este escenario pone en evidencia, una vez más, cómo los acuerdos cupulares y los intereses personales terminan degradando el sistema democrático. Mientras los partidos políticos se prestan a estas cuestionadas dinámicas, queda en manos de la población decidir si premiará con su voto este tipo de representatividad o si exigirá un cambio ético en la política regional.
Fuente: Angel Durán León
