Con el firme propósito de tender puentes institucionales y fortalecer los mecanismos de seguridad ciudadana en las zonas rurales de la región, el Ministerio Público, a través de la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural (OCAJIMP), lideró un histórico encuentro técnico y comunitario con los representantes de la comunidad campesina de Écash, reconocida formalmente como el grupo étnico quechua más grande y organizado del Callejón de Huaylas.
La jornada de intercambio de conocimientos y coordinación legal se desarrolló estratégicamente en el límite territorial comprendido entre las provincias de Yungay y Carhuaz, congregando a los consejeros de la delegación y al presidente de la directiva comunal de Écash, marcando un hito en la descentralización de la justicia en el departamento de Áncash.
Respeto irrestricto a la justicia especial comunal
Durante las mesas de trabajo y el conversatorio técnico, los especialistas e integrantes de la comitiva de la OCAJIMP enfatizaron que la comunicación fluida entre los operadores fiscales del Estado y las autoridades originarias es un pilar fundamental para adoptar acuerdos binacionales de gestión, siempre bajo el amparo y respeto por la justicia especial comunal.
La meta de este acercamiento es promover acciones conjuntas y diseñar instrumentos de gestión ágiles que permitan unificar esfuerzos entre las rondas campesinas y la justicia ordinaria oficial, en la cual participan de forma diaria los jueces y fiscales del distrito judicial de Áncash.
Prácticas ancestrales bajo el marco de los Derechos Humanos
Durante la ronda de exposiciones de las delegaciones jurídicas de la OCAJIMP, se recordó que el marco legal peruano otorga plenas facultades autónomas a las comunidades tradicionales.
“Las prácticas ancestrales para la resolución de conflictos y la aplicación de sanciones en determinados espacios geográficos, especialmente dentro de las comunidades nativas y campesinas, están plenamente reconocidas por el artículo 149° de la Constitución Política del Perú y las leyes vigentes”, explicaron los coordinadores del Ministerio Público.
Sin embargo, el eje central de las capacitaciones recíprocas apuntó a actualizar los criterios legales para garantizar que dichos procedimientos de la justicia comunal actúen siempre en perfecta consonancia con los derechos humanos y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales consagrados en la carta magna, evitando excesos físicos o detenciones arbitrarias que deslegitimen su valerosa labor comunitaria.
