Un caso que raya en el colmo de la deslealtad y la corrupción policial ha conmocionado al norte del país. El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra un suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP) y su esposa, tras ser señalados como los presuntos cerebros de una banda criminal dedicada a la extorsión agravada en Piura. La indignación social radica en que la víctima elegida para los chantajes era nada menos que el padrino de bodas de la pareja.
La jueza Pamela Tama Martínez Requena, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia, determinó que existen graves y fundados elementos de convicción para ordenar el internamiento inmediato del agente Wilmer Monsefú Mendoza en el penal de varones de Piura (ex Río Seco), mientras que su cónyuge, Ruth Kiara Cruz Chorres, fue recluida en el penal de mujeres de Sullana.
Capturado dentro de su propia comisaría
La detención de Monsefú Mendoza se ejecutó mediante un sorpresivo operativo de la División de Investigación Criminal (Divincri). Para sorpresa de sus propios compañeros de armas, el suboficial fue arrestado con las esposas puestas dentro de la comisaría del distrito de Veintiséis de Octubre, local policial donde prestaba servicios de forma cotidiana.
Según la carpeta fiscal, la pareja delictiva aprovechó los lazos de profunda familiaridad, confianza y cercanía con su padrino de bodas para acceder a información privada y logística de su entorno íntimo, la cual utilizaron posteriormente para infundir terror. Los imputados le exigían el pago cupo de 15,000 soles a cambio de no atentar contra su integridad física ni la de sus seres queridos.
Las evidencias que complican a la pareja
Durante el registro personal e incautación tras la captura del efectivo de la PNP, los peritos de la Divincri hallaron un arsenal de pruebas vinculadas directamente con la red de chantajes:
- Múltiples teléfonos celulares de dudosa procedencia.
- Tarjetas de crédito y débito de diferentes entidades bancarias.
- Chips telefónicos (SIM cards) listos para ser canjeados.
- Documentación privada de las víctimas.
Asimismo, las investigaciones fiscales revelaron que el dinero de las extorsiones se desviaba a cuentas de la aplicación digital Yape. Previamente, las autoridades ya habían intervenido a una anciana de 71 años, titular de la cuenta receptora. El agraviado denunció que el policía y su esposa lo estaban coaccionando activamente para que retirara la denuncia penal contra dicha mujer, con el fin de borrar las huellas financieras de la banda. El proceso continuará tras las rejas mientras se fija la fecha del juicio oral.
