Un grave caso de presunta negligencia por parte de operadores de justicia ha sido denunciado públicamente tras un trágico hecho ocurrido en el centro poblado de Copa Chico, en la provincia de Carhuaz, donde se registró un doble feminicidio y un homicidio que ha dejado a una familia enlutada y a tres menores de edad en la orfandad.
De acuerdo con la denuncia, el presunto agresor —quien posteriormente se quitó la vida— contaba con antecedentes de violencia que habrían sido previamente reportados ante el Ministerio Público sin que se adoptaran las medidas
correspondientes para prevenir el desenlace fatal.
Según los familiares de las víctimas, en el año 2025 se interpuso una denuncia por tentativa de feminicidio contra el sujeto; sin embargo, esta fue archivada mediante una disposición fiscal, pese a que ya existían hechos de violencia física y amenazas de muerte. Asimismo, se señala que el pasado 20 de marzo de 2026 se presentó una nueva denuncia ante la Policía Nacional del Perú, advirtiendo un nivel de riesgo extremo, la cual habría sido comunicada al despacho fiscal correspondiente sin que se ejecutaran acciones de protección o detención.
Los denunciantes sostienen que la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades permitió que el presunto agresor continuara en libertad, lo que habría facilitado la comisión del crimen. En ese sentido, cuestionan la actuación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carhuaz, señalando una posible omisión de funciones en la aplicación de la Ley N.º 30364, normativa orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Ante estos hechos, los familiares han solicitado la intervención inmediata de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a fin de que se investigue la actuación de los fiscales involucrados y se determinen las responsabilidades correspondientes.
El caso ha generado consternación en la población y reabre el debate sobre la eficacia de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante situaciones de riesgo.
Diversos colectivos y ciudadanos han expresado su solidaridad con las víctimas y han exigido justicia, reiterando el llamado a las autoridades para garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.
