Hicieron show con maqueta para que luego todo sea declarado NULO.
Funcionarios del GRA utilizaron a los escolares para hacerse publicidad pero en el fondo todo era una farsa.
𝗨𝗻 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗮𝘀 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗼 𝘆 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮 𝗮 𝗿𝗲𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻, 𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿𝗮́𝗻 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗼𝗯𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼.
La obra de 𝘔𝘢𝘯𝘵𝘦𝘯𝘪𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰, 𝘔𝘦𝘫𝘰𝘳𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘺 𝘙𝘦𝘮𝘰𝘥𝘦𝘭𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘎𝘳𝘢𝘯 𝘜𝘯𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘌𝘴𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳 𝘔𝘢𝘳𝘪𝘴𝘤𝘢𝘭 𝘛𝘰𝘳𝘪𝘣𝘪𝘰 𝘥𝘦 𝘓𝘶𝘻𝘶𝘳𝘪𝘢𝘨𝘢, en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz, ha quedado 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗻𝘂𝗹𝗮𝗱𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 (𝗢𝗦𝗖𝗘), órgano técnico del Estado encargado de fiscalizar los procesos de contratación pública.
Mediante un Informe de Supervisión de Oficio, 𝗲𝗹 𝗢𝗦𝗖𝗘 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻𝗼́ 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗼𝘁𝗿𝗮𝗲𝗿 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗲𝘁𝗮𝗽𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮, al detectar deficiencias sustanciales en el expediente técnico y en las bases del procedimiento de selección convocado por el Gobierno Regional de Áncash.
𝗘𝗹 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱
El 𝘐𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦 𝘕.° 𝘋001238-2025-𝘖𝘌𝘊𝘌-𝘚𝘋𝘗𝘊, emitido el 30 de diciembre de 2025, es resultado de una acción de supervisión de oficio realizada al procedimiento de Licitación Pública N.° 6-2025-GRA/CS-1, registrada en el sistema SEACE.
El documento concluye que 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗼 𝗻𝗼 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶́𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗲𝘅𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗺𝗶́𝗻𝗶𝗺𝗮𝘀 establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, vulnerando los principios de transparencia, publicidad y claridad, lo que hace inviable su continuidad.
𝗘𝘅𝗽𝗲𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘁𝗲́𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗼
Uno de los principales cuestionamientos del OSCE es que el Expediente Técnico de la obra fue publicado de manera incompleta, omitiendo documentos esenciales para cualquier licitación pública.
Entre los documentos ausentes se encuentran: El Programa de Ejecución de Obra (CPM) y el Calendario de avance de obra valorizado. La ausencia de estos documentos impide que los postores evalúen correctamente el proyecto y afecta la libre competencia, motivo suficiente para invalidar el procedimiento.
𝗣𝗹𝗮𝘇𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼́𝗻
El informe también revela una grave incongruencia en los plazos de ejecución de la obra: En el Expediente Técnico se consigna un plazo de 300 días calendario, en las Bases del proceso, en cambio, se establece un plazo total de 960 días calendario, sumando ejecución de obra y plan de contingencia.
Para el OSCE, esta contradicción constituye una falta grave, ya que el plazo de ejecución es un elemento determinante para la formulación de propuestas y la correcta ejecución contractual.
𝗥𝗲𝘁𝗿𝗼𝘁𝗿𝗮𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮: 𝗩𝗼𝗹𝘃𝗲𝗿 𝗮𝗹 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗼
Ante estas irregularidades, el OSCE dispuso: Se declarar la nulidad del procedimiento de selección, retrotraer el proceso a la etapa de convocatoria, corregir e integrar el expediente técnico y publicar nuevamente el proceso en el SEACE
En términos prácticos, esto significa que la licitación queda sin efecto y debe ser convocada nuevamente, generando un retraso inevitable en el inicio de la obra.
𝗟𝗼𝘀 𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗺𝗮́𝘀 𝗽𝗲𝗿𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀
Mientras se corrigen errores administrativos y se reinicia el proceso, los estudiantes del colegio Luzuriaga continúan asistiendo a clases en condiciones que esperaban mejorar con esta obra.
Padres de familia y docentes expresan su preocupación, ya que la anulación de la licitación traslada el costo de la mala gestión administrativa directamente a la comunidad educativa.
𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲𝗯𝗲𝗻 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗿𝘀𝗲
El informe del OSCE señala que corresponde a la Autoridad de la Gestión Administrativa del Gobierno Regional de Áncash adoptar las medidas correctivas, además de poner los hechos en conocimiento del Sistema Nacional de Control.
Sin embargo, hasta el momento, no se han brindado explicaciones públicas sobre cómo se permitió convocar una licitación con un expediente incompleto y con información contradictoria.
𝗔𝗱𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗽𝗲𝗿𝗰𝗶𝗯𝗶𝗱𝗮
La nulidad de esta licitación no es un hecho menor. Revela fallas en la planificación y conducción de los procesos de contratación pública, y deja una lección clara: sin expedientes técnicos sólidos, las obras no avanzan.
La comunidad educativa y la ciudadanía esperan que este proceso se reinicie con transparencia, responsabilidad y celeridad, para que la educación no siga siendo víctima de errores administrativos.
