Universidad estaría vinculada a irregularidades en inscripción de Podemos Perú ante la ONPE.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ratificó la inclusión de la Universidad Privada Telesup S.A.C. en la investigación preparatoria que se sigue contra su fundador, el congresista José Luna Gálvez.
Esta medida se oficializó tras declarar infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de la universidad, que buscaba anular una resolución emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz el 5 de marzo pasado.
La decisión del tribunal confirma el vínculo entre la universidad y las presuntas irregularidades cometidas en la inscripción del partido político Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), según lo establecido por la Fiscalía Provincial contra el Crimen Organizado del Callao.
De acuerdo con la tesis fiscal, Telesup habría sido utilizada para facilitar las actividades de una organización criminal con el objetivo de influir en el nombramiento de funcionarios clave en instituciones públicas.
El Ministerio Público sostiene que la universidad fue instrumental en la influencia ejercida sobre miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, entre ellos Guido Aguila y Sergio Noguera, quienes habrían favorecido a Luna Gálvez y su entorno a cambio de beneficios económicos y personales.
Según la Fiscalía, estas acciones también estuvieron orientadas a asegurar el nombramiento de Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE, con el fin de facilitar la inscripción del partido político Podemos Perú.
A pesar de que la defensa de Telesup argumentó que la resolución judicial presentaba defectos y no consideraba nuevos elementos de convicción, la sala superior desestimó estos alegatos.
El tribunal concluyó que existía una relación clara entre la universidad y los hechos investigados, por lo que la incorporación de Telesup como “persona jurídica” en el proceso penal era conforme a derecho.
En paralelo, José Luna Gálvez enfrenta otra investigación por presuntos aportes ilegales recibidos de las empresas brasileñas Odebrecht y O.A.S., destinados a financiar las campañas electorales de su anterior partido, Solidaridad Nacional, en 2011 y 2014.
Fuente: Diario Expreso
