El Seguro Social registra en el último año un récord de denuncias por diversas faltas cometidas de sus trabajadores a nivel nacional. Cientos de estos expedientes prescribirán. Para que esto no ocurra, la institución busca reforzar su única oficina legal para resolver los casos.
Hace un mes, el 23 de septiembre último, a la presidenta ejecutiva de Essalud, María Elena Aguilar, le tocó rendir cuentas ante el ministro de Trabajo, Daniel Maurate.
Aguilar cumplió 1 año de gestión en el Seguro Social el 11 de octubre, por lo que debía exponer el detalle de los problemas pendientes por resolver para dar un mejor servicio a los casi 13 millones de asegurados a nivel nacional en la institución que tiene a su cargo.
La presentación, revisada por este diario, muestra que, además de los proyectos de inversión y gastos, existe desde hace 7 años un acumulado de más de 2,776 denuncias por casos de corrupción de funcionarios en Essalud.
Uno de los puntos tocados por Aguilar ante el ministro fue el de “integridad y lucha contra la corrupción”. Según se lee, el expediente muestra que al 2024, Essalud ha derivado 1,200 denuncias por casos de corrupción de funcionarios que no se han atendido e, incluso, muchos de ellos siguen aún trabajando en la institución.
Según pudo conocer Perú21, a pesar de que estas denuncias fueron recibidas y pasaron por las Secretarías Técnicas del Procedimiento Administrativo Disciplinario de Essalud, muchas de ellas siguen sin conseguir una resolución o sanción. El Seguro no tiene una procuraduría como la tiene, por ejemplo, el MTPE. ¿Sería oportuno pensar en la asignación de presupuesto para la creación de esta instancia en el Seguro Social?
El 46% del total de denuncias se archivaron porque, según explica la entidad, hasta mayo de 2024 “no contaban con pruebas contundentes o fueron denuncias de mala fe”. Además, se lee que solo el 7% se ha sancionado.
Una de las explicaciones por las que las denuncias a funcionarios se pueden haber estancado es que, según se revisa en el documento, la institución tiene una carga de sumarios que excede la capacidad resolutiva de sus trabajadores.
“Existe un desbalance entre la carga de expedientes de las STPADs versus el personal dedicado a la labor de calificación de denuncias”, detallaron.
Por ejemplo, en la sede central hay 172 denuncias por corrupción derivadas por la Oficina de Integridad (OFIN), pero Essalud menciona que solo cuenta en esa dependencia con ocho personas con vínculo laboral y ocho con órdenes de compra.
Del total, el 3% de denuncias no encontró buen puerto, ya que prescribieron.
Fuente: Perú 21
