La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, defendió el actuar del Ministerio Público ante las acusaciones del Ejecutivo sobre la liberación de delincuentes y cuestionó la falta de precisión en las declaraciones del gobierno.
En medio de las tensiones por el aumento de la inseguridad en el país, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respondió a las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte y algunos ministros, quienes acusaron al Ministerio Público de liberar a delincuentes, atribuyéndole la responsabilidad del aumento de la criminalidad en el país. «No hay que hacer afirmaciones a la ligera», declaró Espinoza en conferencia de prensa, enfatizando la importancia de la precisión en las acusaciones formuladas contra la institución que lidera.
Espinoza resaltó que el Ministerio Público es un organismo técnico-jurídico y no político, y que en breve presentarán datos estadísticos para clarificar la situación. «Somos un organismo constitucionalmente autónomo. No somos políticos, somos técnicos y jurídicos, profesionales que privilegiamos la ley, la Constitución y los estándares internacionales», afirmó. Según la fiscal de la Nación, el uso de cifras y datos concretos es fundamental para evitar afirmaciones imprecisas y sostuvo que próximamente el Ministerio Público exhibirá estadísticas que detallarán el trabajo realizado por la institución.
La fiscal también instó al Ejecutivo a especificar a qué tipo de casos se refiere cuando se acusa a los fiscales de «liberar delincuentes». Explicó que existen diversos mecanismos legales que permiten la liberación de investigados en determinados casos, como la detención en flagrancia que, en ocasiones, puede ser ilegal, o los acuerdos de culminación anticipada, en los que el acusado acepta su culpabilidad y puede evitar la prisión preventiva.
Finalmente, Delia Espinoza hizo un llamado a las autoridades a manejar con prudencia sus declaraciones y a fundamentarlas con datos verificables. «Hablemos con cifras», concluyó la fiscal, marcando su postura en defensa de la autonomía y el rigor técnico del Ministerio Público en medio del debate sobre la lucha contra el crimen organizado.
