El Ministerio Público fundamenta su solicitud en riesgos de fuga y obstrucción.
El Ministerio Público, a través del fiscal supremo provisional Alcides Chinchay, presentó un pedido ante el Poder Judicial para extender la prisión preventiva de la ex primera ministra Betssy Chávez por un periodo de 18 meses. Esta solicitud responde a su presunta implicancia en el golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo.
La medida actual, impuesta el 20 de junio de 2023 tras la revocación de su comparecencia con restricciones, venció el jueves 19 de diciembre.
No obstante, el fiscal presentó el requerimiento el día anterior, argumentando que el tiempo adicional permitirá desarrollar el juicio oral en primera instancia y, posiblemente, el proceso de apelación.
El juez supremo Juan Carlos Checkley fijó para el próximo 26 de diciembre, a las 12:30 p. m., la audiencia en la que se evaluará la viabilidad de esta solicitud.
Según la Fiscalía, el plazo requerido es indispensable debido a la complejidad del caso, que involucra a otros acusados, entre ellos Pedro Castillo, Aníbal Torres, y Willy Huerta, así como a tres efectivos policiales.
También se refirió a declaraciones de testigos que señalaron la remoción de bienes de su despacho en la Presidencia del Consejo de Ministros tras el suceso.
En paralelo, la defensa de la ex primera ministra exige su liberación inmediata, argumentando que su reclusión más allá del plazo establecido constituye una vulneración de derechos fundamentales.
«Mantenerla en prisión es arbitrario y lesiona gravemente el debido proceso», señaló su abogado defensor.
Por su parte, el fiscal Chinchay indicó: «Es crucial asegurar la presencia de la acusada durante el juicio para evitar que el proceso quede frustrado».
El Poder Judicial deberá determinar si existen motivos suficientes para justificar esta medida excepcional.
