El Congreso de la República aprobó más retrocesos que avances, a partir de los cuales salieron airosos unos cuantos (algunos más peligrosos que otros).
El Congreso de la República aprobó más retrocesos que avances, a partir de los cuales salieron airosos unos cuantos (algunos más peligrosos que otros), en desmedro de la institucionalidad del país y la mayoría de los peruanos. Es cierto que no todo ha sido desilusión, pero incluso las cosas buenas vinieron acompañadas de ‘trampas’ que, escondidas y camufladas como las letras pequeñas de un contrato firmado con un villano caricaturesco, convertían iniciativas potencialmente positivas en el tipo de leyes al que nos tiene acostumbrados el Parlamento.
Tal es el caso de las reglas de la elección del próximo Congreso bicameral. La autógrafa contiene cambios positivos, como la elección de la mitad del Senado mediante distrito electoral único nacional, donde los candidatos formarán parte de una lista única, sin importar la región de donde provengan. Asimismo, las alianzas electorales no tendrán que alcanzar tantos votos como antes para poder acceder al Congreso, y a partir de las siguientes elecciones el JNE aumentará el número de escaños en ambas cámaras, para así intentar mitigar el grave problema de subrepresentación política del país. Sin embargo, en el dictamen se ‘contrabandeó’, por ejemplo, con el incremento del máximo de invitados que los partidos y movimientos podrá llevar a las elecciones regionales, lo que permite que postulen a gobernaturas y alcaldías candidatos que no estén afiliados a las organizaciones políticas que representan.
Similar es el caso de la nueva Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE). La norma crea el marco teórico que implementa un régimen tributario especial para fomentar grandes inversiones. Normativa más que importante si se tiene en cuenta la reciente inauguración de Chancay o la existencia de otros proyectos, como el Parque Industrial de Ancón. No obstante, la disposición complementaria que creaba la ZEE en Chancay fue votada por separado y no encontró consenso.
Por otro lado, también se aprobaron proyectos que pueden clasificarse desde ‘contrareformas’ a desgracias. Se redujeron los límites de aplicación de la extinción de dominio, mecanismo legal que en el pasado se había prestado a abusos, pero que ahora es susceptible de jugar a favor de organizaciones criminales. A esto se suman populismos puros y duros, como la creación de 21 universidades nacionales de un solo zarpazo (en un solo dictamen) o la eliminación de las comisiones por transferencias bancarias y tarjeta de crédito. Quizás los casos más destacados de esta nefasta lista sean la nueva ampliación del Reinfo —que favorece, en amplia mayoría, a mineros ilegales camuflados entre informales— y la derogación de la figura de la detención preliminar en los casos en que no medie flagrancia delictiva. La enmienda de esta última aberración ya fue aprobada, pero al cierre de esta edición aún no había sido promulgada por el Ejecutivo.
Durante las últimas horas de la pasada legislatura, el Congreso ‘destacó’ tanto por sus rechazos como por sus omisiones. La negativa que podría traer consigo los impactos más perjudiciales para la democracia en las próximas elecciones fue la que establecía impedimentos para que delincuentes (sentenciados y ‘rehabilitados’ por la comisión de delitos graves, como homicidio) postulen a cargos de elección popular. En la votación de la llamada ley Antauro, Fuerza Popular, que impulsó el proyecto desde la comisión de Constitución, brilló por su ausencia: solo 7 de sus 21 parlamentarios se hicieron presentes al momento de votar, lo que dio como resultado que, con solo 65 votos a favor, la iniciativa (respaldada por 85% de la ciudadanía según Ipsos) no pudo siquiera someterse a referéndum. Adicionalmente, como si las reformas electorales no pudieran importar menos, la propuesta que buscada reinstaurar la figura del financiamiento privado a los partidos políticos nunca llegó a ser discutida en el Pleno.
Los 20 golpes
Ahora bien, afirmar que el desolador panorama es propio de este Congreso sería tan errado como asegurar que la cuestionable y peligrosa producción legislativa de la que se viene hablando comenzó a darse recién en este 2024. Y es que, luego de la caída de Pedro Castillo, el bloque de derecha (mayoría en el Congreso) cambió de estrategia y dejó de jugar un papel opositor al gobierno del ‘profesor’ —uno corrupto hasta los dientes, que terminó intentando dar un golpe de Estado— para así aprovechar las necesidades de la entrante Dina Boluarte, a quien le urgía congraciarse con el Parlamento para sobrevivir y mantenerse en el poder. A ese coche, eventualmente, se sumaron otras bancadas, incluso Perú Libre.
Esto queda claro en el informe elaborado por la Asociación Civil Transparencia, que analiza exhaustivamente 20 leyes promulgadas entre 2021 y 2024, que implicaron retrocesos significativos en sectores esenciales como educación, derechos humanos, democracia y la lucha contra el crimen organizado. Para su secretario general, Omar Awapara, se pueden identificar tres tendencias legislativas, orientadas a concentrar el poder y neutralizar instituciones que puedan plantearle un contrapeso; aprobar leyes que favorezca a los intereses de los partidos y sus miembros; y legislar en favor de intereses informales e ilegales, que son, asimismo, los que mejor están representados en el Congreso.
El estudio no solo recoge normas como la que limitó los recursos constitucionales que puedan interponerse frente a decisiones arbitrarias o irregulares del Congreso, la que modificó el concepto de organización criminal e hizo necesaria la presencia de los investigados en allanamientos, o la que reintegró a la carrera pública magisterial a profesores ‘jalados’. También grafica el apoyo de las bancadas a los mencionados proyectos, siendo la fujimorista la líder del ranking (91%), seguida de Renovación Popular (90%). Curiosamente, Perú Libre se encuentra más atrás (72%), aunque ello se debería a que, simplemente, no ha mantenido su disciplina al momento de las votaciones; a diferencia de Fuerza Popular, que acostumbra votar en bloque. Además, no significa un dato menor que las coincidencias entre partidos ideológicamente opuestos se den, por lo menos, en más de la mitad de las votaciones.
Awapara, por su parte, considera que la ley más perjudicial de la lista, a corto plazo, es la que eliminó las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) debido a que tendrá como resultado una elección “muy complicada”, que repercutirá negativamente en el futuro y la gobernabilidad en el Perú a partir de 2026. A largo plazo, en cambio, opina que la norma que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad no significa sino un golpe a gran parte de las víctimas y “dificulta mucho el proceso de reconciliación” que permita pasar la página de la historia. Asimismo, sostiene que, a partir del próximo año y con las elecciones a la vuelta de la esquina, los partidos podrían comenzar a distanciarse, empezando a discrepar más en el Pleno y chocando con el impopular Gobierno de Dina Boluarte.
Ajústense los cinturones, que aparentemente el 2025 será un año de confrontaciones en el hemiciclo, control político, y, por su puesto, el viejo y confiable populismo preelectoral.
