Escándalo en Contrataciones del Estado:
Proceso de selección para la mejora de camino vecinal genera sospechas de corrupción y malas prácticas en comité evaluador.
En el distrito de Acochaca, un proceso de contratación pública para la ejecución de una obra de mejoramiento vial ha encendido las alarmas de posibles actos de corrupción. En el marco del proceso LP-SM-1-2024-GRA/GRI/DRTC/CS-1, cuyo objetivo es la ejecución de la obra «Mejoramiento de Servicios de Transitabilidad del Camino Vecinal Acochaca – Sapcha – Weconcocha», se ha denunciado un posible favorecimiento al Consorcio Vial JJ, que finalmente obtuvo la buena pro en circunstancias controvertidas.
El conflicto gira en torno a la descalificación del Consorcio Acochaca, que inicialmente había obtenido el primer lugar en el sorteo realizado para el desempate. Finalmente habría sido según fuentes extraoficiales por orden del Director Fredy Álvaro Tarazona.
Sin embargo, el comité evaluador argumentó que esta empresa no contaba con la acreditación de experiencia en obras, basándose en una supuesta falsificación en los documentos presentados. ¡Pero las irregularidades no terminan allí!
Interpretación sesgada y falta de verificación.
El motivo principal de la descalificación radica en la evaluación parcializada de uno de los documentos presentados por el Consorcio Acochaca. Según denuncias, el comité se habría negado a revisar de manera integral la documentación que acreditaba la experiencia de uno de los consorciados, a pesar de que la Resolución N° 00014-2024-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado establece claramente que los comités deben analizar toda la información presentada y, de ser necesario, verificarla en las diferentes entidades del Estado o en la plataforma SEACE.
Esta falta de verificación integral no solo vulnera los principios de transparencia y legalidad, sino que también ha generado una decisión que beneficia directamente al Consorcio Vial JJ, el cual ya había sido objeto de señalamientos por su cercanía con miembros del comité evaluador.
Patrones sospechosos en el comité
La denuncia también apunta a un supuesto «modus operandi» por parte de ciertos integrantes del comité de selección, quienes habrían utilizado argumentos sin sustento para justificar la eliminación de un postor competidor y allanar el camino para que el Consorcio Vial JJ obtuviera la adjudicación. Estas malas prácticas, de confirmarse, podrían configurar delitos de corrupción de funcionarios y colusión agravada, lo que pondría en jaque la credibilidad de los procesos de contratación pública en la región.
El impacto de una resolución ignorada
La Resolución N° 00014-2024-TCE-S2, emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado, no solo establece lineamientos claros para la evaluación de las propuestas, sino que también tiene carácter vinculante. Esto significa que los miembros del comité están obligados a cumplir con dichas directrices. Sin embargo, en este caso, se habría ignorado deliberadamente esta disposición, lo que podría interpretarse como un acto doloso orientado a beneficiar a un grupo específico.
Reacciones y pedidos de investigación
El caso ha generado un fuerte rechazo en la opinión pública y ha llevado a diversos sectores a exigir una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.
Organismos de transparencia y lucha contra la corrupción han solicitado la intervención de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público por una denuncia, advirtiendo que este tipo de irregularidades socavan la confianza ciudadana en las instituciones.
Por su parte, representantes del Consorcio Acochaca han anunciado que presentarán una acción legal para impugnar la decisión del comité y exigir que se cumpla con las normas establecidas en los procesos de contratación.
Un problema estructural
Este caso no es un hecho aislado. Las malas prácticas en los procesos de contratación pública son una problemática recurrente en el país, donde la falta de control y supervisión adecuada permite que grupos de poder se beneficien de fondos públicos en perjuicio de la ciudadanía. Según expertos en contrataciones del Estado, es urgente implementar reformas estructurales que refuercen los mecanismos de fiscalización y sancionen drásticamente a quienes incurran en actos de corrupción.
El impacto en la comunidad
La obra en cuestión, que busca mejorar la transitabilidad del camino vecinal Acochaca – Sapcha – Weconcocha, es vital para el desarrollo de la región. La demora en su ejecución o la eventual realización por parte de un contratista sin los requisitos adecuados podría generar graves perjuicios para las comunidades beneficiarias, que dependen de esta infraestructura para el transporte de bienes y personas.
El caso del proceso LP-SM-1-2024-GRA/GRI/DRTC/CS-1 es un claro ejemplo de cómo la corrupción y las malas prácticas pueden minar la confianza en las instituciones y perjudicar a la población. Es imperativo que las autoridades pertinentes actúen de manera rápida y contundente para sancionar a los responsables y garantizar que los recursos del Estado se utilicen de manera transparente y eficiente. Finalmente entre los pasajes del Gobierno Regional suena el nombre del actual director de Transportes para asumir la Gerencia General de la Región Áncash.
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