Una nueva controversia sacude el escenario político nacional tras conocerse que Keiko Fujimori habría ingresado a la sede del Jurado Nacional de Elecciones el pasado 9 de marzo para sostener una reunión con su presidente, Roberto Burneo, sin que exista constancia en el cuaderno oficial de visitas. El hecho resulta aún más sensible debido a que ocurrió en un contexto preelectoral y en la misma fecha en que se suscribió un contrato con la empresa Galaga.
La ausencia de un registro formal ha encendido alertas sobre los protocolos de transparencia en una de las instituciones clave del sistema electoral. Diversos sectores consideran que este tipo de situaciones debilita la confianza pública, especialmente cuando se trata de encuentros que no han sido debidamente documentados.
En ese marco, crece la presión para que se esclarezcan los detalles de la reunión, incluyendo su propósito, los temas abordados y las condiciones en las que se permitió el ingreso. La ciudadanía demanda explicaciones claras que disipen cualquier duda sobre la imparcialidad del proceso electoral en curso.
El cuestionamiento adquiere mayor relevancia considerando que, en esta ocasión, la lideresa política ha manifestado reconocer la legitimidad de los comicios de 2026, a diferencia de procesos anteriores en los que expresó una postura distinta. Este cambio de posición ha generado interpretaciones diversas en el ámbito político.
Frente a estos hechos, tanto el Ministerio Público como el Congreso tienen en sus manos la responsabilidad de actuar de oficio para garantizar una investigación transparente y objetiva. La fiscalización de este tipo de situaciones es clave para preservar la credibilidad de las instituciones electorales.
En un contexto donde también se han expresado críticas hacia organismos del sistema electoral, la exigencia de rendición de cuentas se vuelve aún más urgente.
