Gestión de Noriega para mentir son buenos…
Pobladores del distrito de La Merced anunciaron una movilización hacia la sede del Gobierno Regional de Áncash ante el prolongado abandono de la obra de electrificación que debía beneficiar a 14 comunidades y cuyo contrato, pese a los constantes incumplimientos, aún no ha sido resuelto.
El proyecto, valorizado en más de 8 millones de soles, permanece paralizado por más de tres años. Según los comuneros, la empresa ejecutora habría buscado insistentemente nuevos adicionales presupuestales pese a no cumplir con el avance físico comprometido, dejando además trabajadores y proveedores impagos, incluyendo servicios de hospedaje y alimentación.
Los pobladores señalan que, a pesar de existir un acta de compromiso firmada con las autoridades regionales, el reinicio anunciado para abril nunca se cumplió, y hasta la fecha no existen acciones claras para rescindir el contrato o retomar los trabajos.
Asimismo, cuestionan la falta de fiscalización por parte de la representante provincial en el Consejo Regional, a quien acusan de “guardar silencio ante la problemática” y priorizar presuntos intereses personales y familiares, incluyendo designaciones laborales en instituciones educativas de la provincia.
La inconformidad se extiende a los centros poblados de:
San Ildefonso, Mallacayán, Dos de Mayo, Santa Cruz, Sipza, La Trinidad, Quihuan, Ullucurán, entre otros, donde incluso se reportan personas que prestaron servicios a la obra y no han recibido pago alguno.
Ante esta situación, los dirigentes anunciaron que la población se encuentra organizando una movilización hacia Huaraz para exigir:
-El reinicio inmediato de la obra.
-La resolución del contrato con la empresa ejecutora.
-Sanciones por el abandono del proyecto.
-Fiscalización real y transparente por parte del Consejo Regional.
Consejera bajo cuestionamiento por presunto conflicto de intereses
Los pobladores señalan que, pese al evidente abandono de la obra, la consejera no ha emitido ni un solo pronunciamiento oficial, no ha solicitado informes técnicos ni ha impulsado acciones de control político desde el Consejo Regional.
De acuerdo con los ciudadanos, esta actitud de pasividad no es casual, sino que respondería a presuntos intereses personales ligados al nombramiento de su hermanastro, Luis Magno Orellano, dentro del Instituto Tecnológico de la provincia, lo que —señalan— comprometería su imparcialidad y su independencia frente al Ejecutivo regional.
Los dirigentes afirman que el silencio de la consejera “favorece directamente a la empresa ejecutora y al Gobierno Regional, perjudicando a miles de pobladores que siguen esperando electrificación desde hace años”.
“La Merced exige electrificación y respeto. Tres años de espera es inaceptable”, señalaron los pobladores.
