Un fallo judicial ha hecho que el Estado peruano no tenga capacidad de regular y fiscalizar el Megapuerto de Chancay. Estados Unidos se pronunció sobre la controversia y denunció una vulneración de la soberanía, mientras que China rechazó la “difamación flagrante”. Especialistas señalan que EE. UU. ha trasladado al país su disputa con el gigante asiático.
Una decisión judicial en el Perú ha desatado una serie de cruces entre Estados Unidos y China.
A inicios de febrero, el Primer Juzgado Especializado en los Constitucional de Lima excluyó al puerto privado de Chancay de ser regulado y fiscalizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en la Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).
El juzgado declaró fundada una acción de amparo de la compañía Cosco Shipping Ports y puso límites a la intervención del Estado peruano en el terminal portuario, fijando que el Ositrán, sus dependencias y organismos técnicos también deberán abstenerse de ejercer sus facultades de supervisión y sanción sobre el puerto.
No obstante, el juez Juan Carlos Núñez determinó que la única excepción a esta normativa será la fijación de las tarifas a usuarios finales, y solo si el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirma previamente que no hay competencia en el mercado.
El conflicto surgió porque el Ositrán pretendía aplicar al puerto un régimen de regulación integral, similar al de los puertos públicos o aquellos que el Estado entrega en concesión.
Pero el magistrado subrayó en su fallo que el Megapuerto de Chancay, operado por Cosco Shipping, fue construido y financiado íntegramente con capital privado – sin subsidios estatales ni contratos de concesión –, por lo que no se puede tratar igualmente a un puerto privado y a uno estatal.
