En una jornada cargada de dolor e indignación, familiares de ciudadanos fallecidos durante las protestas sociales de 2022 y 2023 intentaron llegar hasta las inmediaciones de Palacio de Gobierno para exigir justicia. Sin embargo, fueron interceptados y reprimidos por efectivos policiales, impidiéndoles continuar con su manifestación pacífica.
Los deudos, procedentes de distintas regiones del país, portaban fotografías de sus seres queridos y pancartas con mensajes de denuncia hacia la presidenta Dina Boluarte, a quien responsabilizan políticamente por las muertes ocurridas durante su gestión. Entre lágrimas, clamaban justicia y pedían que no se archive ningún caso.
La concentración fue organizada como parte de una nueva jornada de lucha en memoria de las víctimas, y tenía como destino la Plaza Mayor de Lima. Sin embargo, el despliegue policial evitó que los manifestantes se acerquen al Palacio de Gobierno, originando momentos de tensión y forcejeos.
“Solo queremos justicia. Nuestros hijos no eran terroristas, eran ciudadanos que protestaban por sus derechos”, expresó una madre entre sollozos, mientras era rodeada por agentes antidisturbios.
Organismos de derechos humanos han expresado su preocupación por el trato recibido por los familiares, recordando que las investigaciones sobre los fallecimientos aún no arrojan responsables sancionados ni avances significativos.
La jornada culminó con un plantón simbólico y el compromiso de continuar en la lucha por memoria, verdad y justicia.
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