Como informara EXPRESO hace unos días, los miembros de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima se habían pronunciado contra una medida cautelar ordenada por el TC.
La manzana de la discordia había sido el también polémico juez John Paredes, quien había ordenado al JNE alterar su cronograma electoral ya en vigencia, para incluir en este al partido político de Duberlí Rodríguez, quien fuera presidente de la Corte Suprema cuando estalló el caso “Cuellos blancos”.
Esto motivó una demanda de competencia, para que se determine si el Poder Judicial tiene atribuciones respecto al desarrollo de los comicios.
La denuncia fue presentada por el procurador del JNE, Ronald Angulo Zavaleta, ante el despacho del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.
En el escrito se precisa que, en el marco de la demanda competencial, Ordóñez, Tapia y Cueva han desobedecido deliberadamente lo ordenado expresamente por el TC.
El siete de octubre pasado, el máximo intérprete de la Carta Magna concedió al JNE una medida cautelar. Esta precisaba que, si el PJ se pronunciaba sobre casos como el de Unidad Popular (partido de Rodríguez), no se podría tomar acción efectiva si no culminaba el proceso de fondo.
“Sin que pueda emitir nuevas resoluciones que pudieran comprometer el desarrollo del cronograma de las Elecciones Generales 2026”, era el mandato.
El JNE advierte que pese a lo dispuesto por el TC, los ahora magistrados denunciados de dicho órgano judicial pretenden desconocer la suspensión de tales resoluciones.
“A sabiendas de que dichas resoluciones no tienen efectos y no pueden ni deben ser valoradas, insisten en continuar con la ejecución de las mismas, con lo cual irrefutablemente se configura el desacato por parte de estos; motivo por el cual vuestro despacho debe desplegar la correspondiente acción penal a fin de investigar y procesar a los ahora denunciados”, indica la denuncia.
