La Junta Nacional de Justicia (JNJ) notificó la reposición de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, tras declarar nulo el proceso que llevó a su destitución en mayo de 2024.
En aquel entonces, la JNJ la removió por unanimidad bajo acusaciones de actuar “con dolo” y con “intereses alternos” en el caso de la fiscal Bersabeth Revilla.
La resolución anula de oficio todas las actuaciones previas y retrotrae el caso a la etapa anterior al informe de instrucción, dejando sin efecto las sanciones disciplinarias impuestas.
Ofíciese a la fiscal de la Nación para que reponga a la señora Liz Patricia Benavides Vargasen el cargo de fiscal de la Nación”, dicta la resolución.Asimismo, ordena la designación de un nuevo instructor para reanudar el proceso bajo los parámetros del debido proceso.
Sin embargo, vale precisar que el cargo de fiscal de la Nación depende de la Junta de Fiscales Supremos, y no de la fiscal de la Nación en funciones. Ante ello, Humberto Abanto, abogado de Patricia Benavides, señaló que los fiscales están obligados a acatar la medida: «A menos que los señores miembros de la Junta de Fiscales Supremos quieran someterse a un proceso de destitución por desobedecer las órdenes de la JNJ, el día lunes se debe estar cumpliendo este mandato».
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA TAMBIÉN REPUSO A TOMÁS GÁLVEZ COMO FISCAL SUPREMO TITULAR
La vuelta de Patricia Benavides no es la única. En cumplimiento de una orden emitida por el Décimo Juzgado Constitucional de Lima, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió restituir a Tomás Aladino Gálvez Villegas como Fiscal Supremo Titular. La medida fue adoptada luego de que el magistrado presentara una demanda de amparo solicitando la anulación de la sanción disciplinaria que lo separó del cargo el 23 de abril de 2021. Durante la sesión liderada Gino Rios Patio, también se decidió eliminar de su expediente la sanción impuesta. Gálvez había sido relacionado con el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ y señalado por conductas contrarias a la ética fiscal, así como por haber comprometido la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial.
