Equipo especializado revisa declaraciones juradas para detectar omisiones, errores o información falsa que podrían derivar en sanciones o exclusiones del proceso electoral.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se encuentra en pleno proceso de revisión de 8558 Declaraciones Juradas de Hojas de Vida (DJHV) presentadas por los postulantes a las Elecciones Generales 2026, ingresadas tanto de manera digital a través de la plataforma Declara+ como en formato físico ante los Jurados Electorales Especiales (JEE).
La fiscalización está a cargo de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), que ha desplegado a 129 fiscalizadores para verificar la veracidad de la información consignada y detectar posibles omisiones o datos falsos. A este equipo se suman 15 monitores, responsables de supervisar el proceso y brindar soporte técnico y jurídico. Las observaciones detectadas hasta el momento ya han sido derivadas a los 29 JEE del país para su evaluación y trámite correspondiente.
El control alcanza aspectos sensibles como sentencias penales y civiles, bienes y rentas declarados, formación académica universitaria y de posgrado, así como la trayectoria laboral y política de los candidatos. Como resultado de esta labor, la DNFPE elabora distintos informes: por dato erróneo, cuando se trata de fallas materiales; por omisión de información sobre sentencias penales firmes, causal directa de exclusión; por presunta falsedad, que puede derivar en procedimientos sancionadores; y los denominados informes de hecho, cuando la información declarada no coincide con lo verificado.
Para contrastar los datos, el JNE solicita información a las 34 Cortes Superiores de Justicia, a la Corte Superior Nacional Penal Especializada, a la Sunarp, universidades y otras entidades públicas y privadas. Las instituciones públicas tienen cinco días para responder, mientras que las privadas cuentan con un plazo de quince. De encontrarse discrepancias, se emite el informe respectivo y se remite al JEE competente.
La hoja de vida comprende nueve rubros obligatorios, entre ellos datos personales, experiencia laboral, formación académica, antecedentes partidarios, sentencias con calidad de cosa juzgada, bienes y rentas, renuncias a organizaciones políticas y, de forma opcional, información adicional relevante.
Este trabajo se refuerza con el convenio suscrito en enero de 2025 entre el JNE y el Poder Judicial, que permite el acceso en línea al Registro Nacional de Condenas. Mediante herramientas digitales y cotejos masivos, el organismo electoral puede verificar sentencias condenatorias vigentes o rehabilitadas, fortaleciendo así la transparencia y el control de la información presentada por quienes aspiran a cargos de elección popular. (P.C.-RSD Noticias).
