
El congresista Ilich López, de Acción Popular, y José Jerí, de Somos Perú, impulsan en el Pleno la aprobación, en segunda votación, de una norma que, bajo el pretexto de fortalecer el funcionamiento de las cajas municipales, les abre el camino para ser directores. Una posición de la que López tiene experiencia, aunque esta no sea tan grata.
En 2011, según el acta de sesión de directorio de Caja Huancayo N.º 023 de ese año, el congresista que hoy preside la Comisión de Economía fue “suspendido” de su función como director de dicha entidad y posteriormente removido por no privilegiar el interés de la sociedad sobre los suyos, infringiendo los artículos 177° y 180° de la Ley General de Sociedades.
Entre las imputaciones que motivaron su salida figura, en primer lugar, su insistencia en comunicarse con el jefe de Seguridad Integral de Caja Huancayo, Dante Alarcón Baltazar, durante el proceso de selección para la contratación del servicio de vigilancia. López lo llamó en repetidas ocasiones antes incluso de que se aprobaran las bases del proceso y de ser oficialmente designado como veedor.
No solo solicitó información preliminar al funcionario encargado del proceso, sino que también le envió por correo electrónico un archivo con las bases de la adjudicación del año anterior, indicando, con bastante iniciativa, qué cambios debía incorporar para el nuevo concurso. Todo muy colaborativo, salvo por un pequeño detalle: era director, no parte del comité técnico.
Pero eso no fue todo. También se acercó a la asistente de selección de personal, Noemí Lazo Núñez, para consultarle sobre un proceso de convocatoria a practicantes. Y, ya que estaba en eso, le pidió “apoyar” a dos postulantes que él mismo había recomendado. Eso sí, aclaró que fuera solo si cumplían con el perfil. Otro gesto de desprendimiento.
A la luz de estos episodios, el directorio de Caja Huancayo decidió suspender a López de sus funciones desde el 21 de septiembre de 2011. Asimismo, acordó remitir el caso al ente que lo había designado, la bancada minoritaria del Concejo Provincial de Huancayo, para que proceda a su remoción o ratificación.
Lo remueven
La Secretaría de la Municipalidad Provincial de Huancayo remitió al directorio de la Caja un acta en la que la bancada minoritaria decidió, sin rodeos, declarar improcedente la suspensión de López.
El problema de esa decisión es que no se ajustaba a la norma. El ente designante no podía declarar la suspensión improcedente, más solo remover o ratificar a López en el cargo. Ante ese despropósito, el directorio optó por elevar el caso a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), adjuntando los antecedentes del caso y la documentación enviada por la bancada provincial.
La SBS respondió que si bien la participación de López en procesos de selección (vigilancia y practicantes) podía interpretarse como ejercicio de funciones ejecutivas, esa causal no estaba expresamente contemplada como impedimento legal según el Reglamento para la Elección de Representantes al Directorio de las Cajas Municipales. Sin embargo, recomendó revisar la suspensión si se acreditaba otra causal de impedimento objetivo.
Y eso fue exactamente lo que hizo el jefe de la Unidad de Auditoría Interna, Justo Colonio. En su informe, concluyó que las acciones de López afectaron la transparencia de ambos procesos y configuraron una actuación impropia en su calidad de director. Según Colonio, se vulneraron el artículo 180° de la Ley General de Sociedades y el artículo 8° del estatuto de Caja Huancayo, referido a los principios de actuación de sus órganos de gobierno.
Por tanto, recomendó aplicar el artículo 180° en todos sus extremos: “El director que contravenga las disposiciones de este artículo es responsable de los daños y perjuicios que cause a la sociedad y puede ser removido por el directorio o la junta general a propuesta de cualquier accionista o director”.
Así fue como Ilich López terminó oficialmente removido del directorio de Caja Huancayo.
Ahora, ¿qué busca aprobar López?
Hoy, más de una década después de haber sido removido del directorio de Caja Huancayo, López vuelve a escena, esta vez desde el Poder Legislativo, para intentar allanar el camino de su regreso.
El proyecto que impulsa junto a José Jerí no solo flexibiliza los requisitos para integrar los directorios de las cajas municipales, sino que parece hecho a la medida.
La norma propone que puedan integrar el directorio funcionarios públicos y autoridades de alta jerarquía, incluidos congresistas y expresidentes de comisiones legislativas de índole económica o financiera, como es el caso de López. También se limita el número de reelecciones del presidente del directorio y se reduce al mínimo las causales de vacancia: solo fallecimiento, renuncia o remoción por impedimentos legales.
Pero quizá el cambio más revelador es el que sanciona como falta grave a los funcionarios de auditoría interna que “interpreten de forma sesgada” las normas vigentes al emitir informes en procesos de verificación para nombrar directores.
Es decir, busca desincentivar que la Unidad de Auditoría Interna, la misma que en su momento señaló las irregularidades de López, vuelva a emitir juicios que incomoden a futuros aspirantes con antecedentes similares.
Por si fuera poco, el proyecto entrega la elección del representante de los pequeños comerciantes y productores a la Confederación Nacional de Comerciantes (CONECO), organización vinculada a José Jerí.
Así, más que fortalecer el gobierno corporativo de las cajas municipales, lo que se perfila es una reforma con nombre propio. Un ajuste quirúrgico del marco normativo para que antecedentes como los de López dejen de ser un obstáculo y, eventualmente, vuelvan a ser una credencial.