La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huaraz presentó un recurso formal de oposición frente al requerimiento del Poder Judicial que exige el desalojo voluntario de su actual sede institucional. La dirección de la entidad advirtió que la medida interrumpe un servicio público esencial y pone en riesgo directo el funcionamiento de dos centros educativos que operan dentro del mismo predio.
¿Cuál es el impacto y los antecedentes del conflicto territorial?
El director de la UGEL Huaraz, Daniel Ángel Almeyda Medina, explicó los fundamentos legales y sociales por los cuales se busca suspender temporalmente la orden de desocupación del terreno:
- Estudiantes perjudicados: En el predio en disputa no solo funcionan las oficinas administrativas de la UGEL, sino también una institución educativa del nivel Inicial y un Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). Un eventual lanzamiento paralizaría las clases de estos menores y adultos.
- Corte administrativo: Almeyda detalló que la medida judicial afectaría procesos medulares del año escolar en la provincia, tales como la contratación y adjudicación docente, el pago de planillas del personal magisterial y la gestión de los servicios básicos de las escuelas rurales.
- Origen del litigio: El terreno en cuestión pertenece legalmente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). La UGEL Huaraz ocupa las instalaciones desde el año 2017, mientras que el CEBA ya operaba allí desde 2016. Cabe precisar que el Poder Judicial emitió una primera orden de lanzamiento en el año 2019, la cual fue postergada tras determinarse que el predio se encuentra en una zona de alto riesgo.
Convocatoria multisectorial a Lima y pedido a la PCM
Frente a la inminencia del desalojo, el titular de la UGEL Huaraz informó que ha sostenido reuniones estratégicas en la ciudad de Lima con el propósito de elevar el caso a las más altas esferas del Ejecutivo y propiciar una salida pacífica y coordinada.
La entidad ha solicitado la intervención y mediación formal de diversas instancias del Estado, incluyendo al Gobierno Regional de Áncash (Gore Áncash), la Dirección Regional de Educación (DREA), el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Defensa.
Asimismo, Almeyda Medina reiteró la urgencia de instalar una mesa de diálogo técnica tutelada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), argumentando que debe primar el principio del interés superior del niño y el derecho constitucional a la continuidad de la educación pública en la región.
