La Contraloría General de República alertó que funcionarios del Gobierno Regional de Áncash (GRA) pagaron partidas no ejecutadas por 318 mil 236 soles en la reconstrucción del centro de salud Cisea Huarupampa I-3, en el distrito de Huaraz.
Además, advirtió que el ingeniero residente habría realizado en paralelo labores de supervisión de una obra en la provincia de Cañete.
La ejecución del proyecto principal se inició en agosto del 2025 con una inversión de 28 millones 957 mil soles y un plazo de 360 días; sin embargo, registra la aprobación de dos prestaciones adicionales de obra con deductivo vinculante relacionadas a las modificaciones de la cimentación y a la cobertura metálica de los techos.
Respecto a la valorización n.° 11, el consorcio ejecutor declaró haber realizado trabajos relacionados a puertas de madera, mamparas y pintura por 273 mil 858 soles. No obstante, durante la inspección efectuada el 8 de setiembre la comisión de control no halló puertas de madera instaladas en ningún sector, solo marcos de madera en un pasillo.
Asimismo, se verificó que no se habían instalado las mamparas ni se habían pintado en su totalidad los muros exteriores del bloque A y el 60 % de los muros interiores, vigas, columnas y demás estructuras.
Respecto a la valorización n.° 12, el ejecutor declaró haber realizado el 70 % de la partida de pintura en óleo mate en muros, columnas, derrames y bruñas por 44 mil 378 soles. Sin embargo, se verificó que en el interior de los bloques únicamente se encontraba a nivel de imprimante en un aproximado del 60 %; es decir, no tenía la capa de pintura. Dichas observaciones no fueron advertidas por la supervisión.
También se alertó que, a la fecha de emisión del informe de la Contraloría, el nuevo ingeniero residente vendría asumiendo de manera simultánea la supervisión de una obra de saneamiento en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, a pesar de que su labor es de dedicación exclusiva, lo que podría posibilitar la falta de control técnico y administrativo del proyecto, así como el riesgo de efectuar pagos por servicios no prestados e inaplicación de penalidades.
De igual forma, a pesar de que el gobierno regional aprobó ampliar el plazo de ejecución en 45 días, ni el contratista ni la supervisión de obra acreditaron el calendario de avance y la participación del personal clave, lo cual dificulta el control adecuado del avance de obra.
Adicionalmente, se observó la falta de señalización temporal de seguridad, de equipos de seguridad personal y colectiva.
El gobernador regional de Áncash, Koki Noriega Brito, ya fue informado de esta situación para que adopte las medidas preventivas y correctivas correspondientes. (V.Z. – RSD Noticias).
