El juez de paz del caserío de San Pedro, en Huaraz, Pablo Aurelio Mallqui Medina, fue condenado por el delito de usurpación de funciones, tras comprobarse que realizó una compra y venta imperfecta en el año 2015, cuando ya no tenía competencia para ello. La denuncia fue interpuesta en el año 2022 por el ciudadano Alejandro Minaya Vargas y su hija Olga Josefina Minaya Oroya, luego de cuatro años de persistente búsqueda de justicia. 
El proceso estuvo a cargo de la Fiscalía, dirigida por la fiscal Sandra Burga Limay, quien sustentó los alegatos ante el Poder Judicial, logrando una pena condenatoria de inhabilitación en el cargo y pena suspendida de la libertad de 4 años condicionada por tres años, fallo favorable para la agraviada Olga Josefina Minaya Oroya. La defensa legal de la parte agraviada estuvo a cargo del abogado Ronald Araujo Sairitupac, quien acompañó el proceso judicial hasta la obtención de la sentencia condenatoria. 
Durante la investigación se acreditó que el exjuez de paz cometió múltiples irregularidades, entre ellas negarse reiteradamente a entregar copias del documento suscrito y presuntamente falsificar documentación, ya que la compra y venta no figuraba en el libro de actas, apareciendo posteriormente un documento elaborado en computadora con firmas consignadas al final, pese a que las partes reconocieron haber firmado también en el libro de actas. Este hecho habría perjudicado gravemente a la vendedora, quien junto a su padre solo transfirió la mitad del terreno. 
Asimismo, se cuestionó la decisión judicial respecto a la reparación civil, al haberse fijado únicamente a favor del Colegio de Notarios de Áncash, por lo que se anunció que la sentencia será apelada. La parte agraviada señaló que se revisarán a fondo los fundamentos para elevar el caso a la Sala de Apelaciones y a las últimas instancias, debido a las irregularidades cometidas por dicha autoridad. La audiencia de lectura de sentencia se realizó hoy en la Corte Superior de Justicia de Áncash (CSJA). 
