Enviaron 100 policias resguardar minera, dejando abandonada la ciudad. No hay planificación a pesar que se ejecutan y ejecutaránobras que superan los 300 millones de soles solo en Huaraz e Independencia.
La violencia ha vuelto a estallar en Huaraz y lo ha hecho con una brutalidad que estremece. En apenas 24 horas, se registraron dos atentados con arma de fuego, dejando como saldo una mujer asesinada, cuatro heridos entre ellos dirigentes del gremio de construcción civil y una víctima que lucha por su vida en el hospital de la ciudad. Frente a esta tragedia, la pregunta cae por su propio peso: ¿dónde está la Policía Nacional?
La respuesta indigna. El general PNP Antonio Loreño Beltrán, jefe de la Región Policial Áncash, decidió enviar 100 efectivos a resguardar la minera Barrick, actualmente en conflicto con las comunidades campesinas de Atupa y Antahuran. Mientras tanto, Huaraz quedó prácticamente sin patrullaje, expuesta a la delincuencia, a merced de quienes portan armas y actúan con total impunidad. Una decisión que, más allá de lo legal, evidencia una terrible falta de criterio y prioridad frente a la seguridad de los ciudadanos.
Por si fuera poco, el comisario de Huaraz, Cmdte. PNP Guido Huamán, ha demostrado incapacidad operativa para atender los focos críticos de inseguridad en la ciudad. Los puntos rojos siguen creciendo y el patrullaje es escaso, desorganizado y, en muchos casos, inexistente. Huaraz se siente abandonada. Y cuando la autoridad se ausenta, el crimen avanza.
Los ciudadanos ya no creen en discursos. No quieren más “mesas de diálogo”, ni “planes de acción” que jamás se aplican. Lo que la población exige son acciones inmediatas y efectivas para devolver la tranquilidad a las calles.
Pero la desidia no es solo policial. Las instancias de seguridad ciudadana el CORESEC presidido por el gobernador Koki Noriega, el COPROSEC liderado por el alcalde provincial David Rosales y el CODISEC a cargo del alcalde distrital Ladislao Cruz Villachica, parecen haber quedado atrapadas en la burocracia y la inacción. Se reúnen, planifican, firman actas… y ahí queda todo. El papel aguanta, pero la realidad los desmiente.
Mientras los crímenes aumentan y el miedo se instala en los barrios, las autoridades parecen más preocupadas por el control político o la defensa de intereses empresariales que por proteger la vida de sus ciudadanos.
¿Hasta cuándo? ¿Cuántas víctimas más se necesitan para que reaccionen?
Huaraz no merece convertirse en un campo de batalla ni en un territorio sin ley. Lo que hoy ocurre no es solo una crisis de seguridad: es una crisis de liderazgo, de responsabilidad y de compromiso con la vida humana.
Y si los que deben actuar no lo hacen, la historia y la ciudadanía se los cobrarán. No permitan que la región se desangre.
