Moviendo sus tentáculos. Mientras la congresista fujimorista Patricia Juárez busca cambiar el Reglamento del Congreso para suspender a altos funcionarios con 50 votos, su colega Fernando Rospigliosi impulsa una denuncia contra la fiscal Delia Espinoza.
En política no existen coincidencias. El partido de Keiko Fujimori mueve los hilos para cambiar el Reglamento del Congreso y así poder someter a los funcionarios del sistema judicial que están en la mira de su agrupación y sus aliados.
Esta semana, el plan fujimorista avanzó por dos caminos. Primero, la Comisión de Constitución, que preside el congresista naranja Fernando Rospigliosi, aprobó un dictamen de un proyecto de ley promovido por su colega de bancada Patricia Juárez para modificar el artículo 89 del Reglamento legislativo y permitir al Pleno del Congreso suspender a altos funcionarios —ministros, fiscales, jueces y magistrados— con solo 50 votos en procesos de acusaciones constitucionales.
Horas después, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que lidera la congresista de Alianza para el Progreso (APP) María Acuña, admitió a trámite una denuncia constitucional impulsada por Rospigliosi y sus colegas Alfredo Azurín (Somos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia) contra los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos (Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Juan Villena y Zoraida Ávalos).
Se trata de una acusación constitucional que cuestiona al Ministerio Público por no aplicar la ley que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de dirigir las investigaciones preliminares de presuntos delitos. Rospigliosi y sus colegas imputan a los fiscales supremos supuestas infracciones a la Constitución, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
La denuncia constitucional de Rospigliosi pretende someter a la fiscal Espinoza y sus homólogos a un juicio político que tiene como máxima sanción la inhabilitación de la función pública. Esto, sin embargo, requiere de 67 votos en el Pleno, sin contar a los 30 integrantes de la Comisión Permanente. Se trata de un número que le resulta complicado conseguir al fujimorismo
El proyecto de Juárez, por eso, abre una alternativa: la suspensión del alto funcionario mientras es investigado por los presuntos delitos mencionados en la acusación constitucional.
El trasfondo es que la propuesta de Juárez permitirá que los fiscales supremos, entre ellos Espinoza, sean suspendidos del cargo con solo 50 votos en el Pleno.
Esa cantidad de votos resulta más viable de conseguir para la coalición conformada por FP, APP, Perú Libre, Somos Perú, Renovación Popular, Honor y Democracia y otros grupos que se han sumado a la arremetida contra el sistema judicial.
Cuando fue admitida a trámite la denuncia contra la Junta de Fiscales Supremos en la Subcomisión de Acusaciones, Rospigliosi celebró.
