La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha iniciado diligencias para establecer la ilegalidad de dos partidos políticos: País para Todos y Fuerza Popular.
El 19 de marzo último, antes de viajar a Países Bajos para asistir a una conferencia sobre crimen organizado, Espinoza dispuso estas medidas al acoger dos denuncias ciudadanas que apuntan a sacar de carrera a dos agrupaciones que tienen como sus principales representantes al cómico Carlos Álvarez y la excandidata presidencial Keiko
Fujimori.
Ambas demandas señalan que los partidos vulneraron el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley N.° 28094), que estipula la declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática.
La norma señala que serán excluidos los partidos que vulneren sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales; que apoyen políticamente las acciones terroristas o que contribuyan a multiplicar la violencia, el miedo y la intimidación; y que respalden organizaciones que practiquen el terrorismo y/o el narcotráfico.
El más inmediato antecedente es el de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), organización liderada por Antauro Humala que fue declarada ilegal por la Corte Suprema al corroborarse que tenía planes anticonstitucionales que atentaban contra el imperio de la ley.
Trámite en curso
La denuncia contra País para Todos fue interpuesta por Javier Sulca Cáceres, un antaurista que fue condenado a 16 años de cárcel por su participación en el ‘Andahuaylazo’ de 2005. Sulca militó en A.N.T.A.U.R.O. hasta que este fue disuelto por orden judicial.
Según el denunciante, el militante Carlos Álvarez habría incurrido en las mismas faltas que Antauro, sentenciado por asesinar policías.
Una de esas expresiones que el etnocacerista tilda de antidemocráticas es la aplicación de la pena de muerte a los violadores que ha exigido Álvarez.
Por el lado de Fuerza Popular, fue la ciudadana Beatriz Cano Bernales quien presentó la demanda y basa sus reclamos en las investigaciones e imputaciones penales que afronta el partido naranja.
De acuerdo con Cano, que no figura afiliada a ningún partido político en los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), FP debería ser desactivado por haber recibido aportes ilegales de campaña; porque Keiko Fujimori calificó de “ilegítimos” los resultados de las elecciones que ganó Pedro Castillo sin tener pruebas, y porque su hermano Kenji Fujimori negoció votos en el Congreso con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski para conseguir el indulto de su padre, Alberto Fujimori, a cambio de no vacarlo.
En los dos casos, la fiscal Espinoza ya dispuso acciones para esclarecer los hechos.
El próximo 2 de abril se escucharán los videos y audios presentados por Sulca, que tienen como protagonista a Álvarez, a fin de corroborar si se configura la denuncia.
El artista confirmó a Perú21 que acudirá a la diligencia.
“Estoy indignado. ¿Qué tiene de antidemocrático luchar como ciudadano, luchar por tus compatriotas? Lo único que he hecho es expresarme como peruano expuesto a la criminalidad”, dijo. Pese a su evidente fastidio, sostuvo que respeta las disposiciones del Ministerio Público.
Con respecto al partido fujimorista, se ha dispuesto requerir información al equipo especial Lava Jato para corroborar la situación legal de Fujimori.
No obstante, para el abogado penalista César Azabache, “no es admisible” que la Fiscalía haya abierto estos procesos “por el simple pedido de una persona”.
“No es admisible, sea cual sea esa agrupación afectada por esto. Si fuera cierto, esta decisión debe rectificarse de inmediato”, comentó Azabache.
Este diario conoció que las disposiciones emitidas por la fiscal de la Nación son parte de los procedimientos que debe seguir cuando se presentan casos como estos.
Trámite en curso
-La presidenta Dina Boluarte convocó, el pasado martes, a elecciones generales de 2026 cuando aún tenía plazo hasta el 12 de abril.
-El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, cuestionó a la Fiscalía por abrir una investigación a su partido y dijo que están destinando recursos más en perseguir a agrupaciones políticas que a delincuentes.
