El Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal Víctor Túllume Pisfil, obtuvo sentencia condenatoria contra el acusado ORESTES FRANCISCO CARRANZA HUIZA en su condición de ex alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Quitaracza, distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas, como autor de la comisión del delito contra la Administración Pública – delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos-, en la modalidad de PECULADO DOLOSO, en su forma de apropiación para sí, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 387, del Código Penal, en agravio del Estado – Municipalidad del Centro Poblado de Quitaracza.
Luego de una exhaustiva investigación, el fiscal adjunto provincial George Chávez Julca, logró demostrar que el acusado se apropió de recursos de la municipalidad del Centro Poblado de Quitaracza, a pesar de encontrarse legalmente obligado a rendir cuentas del caudal que se le entregó, pero pese a que se le solicitó en reiteradas oportunidades que informe en qué se habría invertido dicho caudal, se mostró reacio a sustentar el monto entregado y a cumplir con sus obligaciones, por ende llegando a apropiarse de los recursos municipales.
En consecuencia y tras haberse presentado los elementos de convicción para demostrar la responsabilidad penal del acusado, el Juzgado competente impuso la pena privativa de libertad de por un total de CINCO AÑOS que tendrá el carácter de EFECTIVA, cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, 241 días-multa equivalentes a la suma de mil quinientos seis con 25/100 (S/ 1,506.25) soles, la cual deberá ser pagada en ejecución de sentencia a favor del Estado y una reparación civil ascendente a la suma de la suma de ochenta y siete mil ochocientos (S/ 87,800.00) soles.
En consecuencia, la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios (FECOF Áncash), de esta forma viene ejerciendo su función persecutoria del delito, en salvaguarda de los intereses públicos tutelados por la ley penal.
