Un nuevo episodio de presuntas irregularidades sacude al Gobierno Regional de Áncash (GRA). La firma del contrato para la obra “Mejoramiento de la Red de Transitabilidad Vial Interurbana en dos Unidades Productoras de la Provincia de Antonio Raimondi (CUI 2684083)” podría quedar paralizada —al igual que ocurrió con el proyecto del Colegio Santa Rosa de Viterbo— debido a presuntas maniobras destinadas a favorecer a un consorcio que no habría cumplido con los requisitos legales para perfeccionar el contrato.
La pregunta que hoy se hace la ciudadanía es clara: ¿Por qué hasta la fecha no se firma el contrato?
Y más aún: ¿Qué tienen que decir los funcionarios de la gestión de Noki Noriega?
Vulneración del Artículo 141: El corazón del problema
De acuerdo con el Artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el perfeccionamiento de contrato tiene reglas estrictas:
- El postor ganador dispone de ocho (8) días hábiles desde que la buena pro queda administrativamente firme para presentar los requisitos del contrato.
- Luego, la entidad tiene dos (2) días hábiles para suscribirlo.
- Solo se puede otorgar un plazo adicional de hasta cuatro (4) días hábiles para subsanar observaciones.
Sin embargo, según la denuncia presentada ante la Fiscalía de Prevención del Delito de Huaraz, este proceso no solo habría sido ignorado, sino manipulado.
Denuncia por presunta colusión
El ciudadano Víctor Hugo de los Heros Riofrío, actuando en defensa de los intereses públicos, presentó una denuncia preventiva por el presunto delito de colusión, señalando directamente al gerente de Administración, jefe de Logística y a los miembros del Comité de Selección responsables de la Licitación Pública LP-SM-2-2025-GRA/CS-1.
LOS HECHOS QUE DESATAN LA SOSPECHA
- 11 de abril de 2025: Se realiza la convocatoria.
- 17 de septiembre de 2025: Se otorga la buena pro al Consorcio Antonio Raimondi.
- 11 de noviembre de 2025: El Tribunal de Contrataciones confirma la adjudicación. Desde esta fecha la buena pro queda administrativamente firme.
- El consorcio tenía como plazo máximo el 21 de noviembre para presentar los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
- No lo hizo.
Pese a este incumplimiento que, de acuerdo con la normativa, debió generar la pérdida inmediata de la buena pro, el Gobierno Regional de Áncash publicó el consentimiento final de la adjudicación el 20 de noviembre, un día antes del vencimiento del plazo y sin que el consorcio cumpliera con sus obligaciones.
Esta incongruencia alimenta las sospechas de un presunto favorecimiento indebido que deberá ser investigado por el Ministerio Público.
“Un caso que huele a colusión”
Para el denunciante, la omisión del consorcio y la inacción de los funcionarios no serían simples errores administrativos, sino posibles actos deliberados para mantener la adjudicación a un postor que no cumplió con la ley.
Esto vulneraría:
- el principio de legalidad,
- el principio de transparencia, y
- lo estipulado en el Artículo 141.1 del Reglamento de Contrataciones.
Un nuevo golpe a la confianza pública en Áncash
Áncash es una región históricamente marcada por escándalos de corrupción en obras públicas. Este nuevo caso reabre un debate que parece no tener fin: la integridad de los procesos de contrataciones en el Gobierno Regional.
La Fiscalía tiene ahora la responsabilidad de actuar con firmeza.
Si este caso queda impune, podría sentar un precedente peligroso que permitiría a cualquier consorcio vulnerar la ley sin consecuencias.
Áncash ya ha pagado demasiado por la corrupción. La ciudadanía exige transparencia y responsabilidades.
Fuente: Central de Noticias Áncash
