El crimen organizado y la minería ilegal han tomado por asalto Pataz, en la región La Libertad, y uno de sus últimos episodios sangrientos ha sido el asesinato de 13 trabajadores mineros que previamente fueron salvajemente torturados. Estos hechos obligaron al gobierno de Dina Boluarte a adoptar una serie de medidas, pero no todas tienen el respaldo de la población agobiada por la inseguridad.
En lo que sí hay mayoritario consenso es en la opinión de que el crecimiento de la minería ilegal constituye hoy una amenaza para la seguridad nacional.
La última encuesta nacional de Ipsos para Perú21 revela que un 81% comparte esta posición, elevándose la cifra a 82% en Lima. Apenas un 15% en el país cree que el flagelo de la minería ilegal no representa un peligro.
No a la suspensión de actividades mineras
La masacre en Pataz pareciera haber marcado un quiebre en el accionar del gobierno al que casi la mitad de los ciudadanos, el 47%, sindica como el responsable de lo ocurrido.
Esta responsabilidad, sin embargo, alcanza también a los mineros ilegales con 31%, el Congreso de la República con 30% y las bandas criminales con 29%. Ya en un quinto lugar se posiciona a la Policía Nacional con 28% seguida del gobierno regional de La Libertad a cargo de César Acuña (22%).
Como señalamos líneas arriba, el Ejecutivo, ante la escalada imparable de violencia, viene ejecutando una serie de medidas con las que espera recuperar el control de la zona.
Un decreto supremo promulgado esta semana prorrogó el estado de emergencia en Pataz por un periodo de 60 días, el mismo que incluye un toque de queda a partir de las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana. Pero también ha dispuesto la suspensión de todas las actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba por 30 días.
La medida no es apoyada, sin embargo, por un buen porcentaje de peruanos. Por el contrario, el estudio de Ipsos revela que un 43% de la población considera que el trabajo minero debe continuar, pero aumentando la seguridad, y un 28% opina que las mineras formales deben seguir trabajando, pero al mismo tiempo debe suspenderse la actividad minera informal. Solo un 26% avala la suspensión total de actividades en la zona.
Reemplazo del Reinfo
En simultáneo, de otro lado, hay un 81% de encuestados que reclama el reemplazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que se ha convertido en una herramienta que favorece a la minería ilegal.
En su reemplazo demandan la implementación de un “sistema más estricto y eficiente que incluya verificaciones exhaustivas, monitoreo constante de las operaciones y sanciones severas para quienes infrinjan las normas”.
Otra disposición del Ejecutivo que sí cuenta con el apoyo ciudadano es la instalación de una base militar en Pataz. Un 81%, según Ipsos, respalda la medida a nivel nacional, y el porcentaje se eleva a 83% a nivel de Lima.
La encuesta recoge también opiniones sobre la creación de un grupo especial que haga trabajo de inteligencia, interdicción y que tenga facultad para detener a quienes practican la minería ilegal y otros delitos asociados. Un 79% se manifestó a favor de esta medida.
Amenazas de seguridad
Finalmente, el trabajo de Ipsos da cuenta de cuáles son, de acuerdo a la población, las principales amenazas a la seguridad nacional. En esa línea, un 78% ubica a las bandas de extorsionadores en el primer lugar de la lista seguidas del narcotráfico con 65% y la minería ilegal con 61%.
En un cuarto lugar, además, figuran los remanentes de Sendero Luminoso —precisamente en momentos que la Fiscalía de la Nación ha “desactivado” las fiscalías especializadas para delitos de terrorismo en Ayacucho y Pichari—, seguido del “riesgo de guerra con un país vecino” (10%).
Fuente: Perú
