
El buen funcionamiento de una nueva universidad nacional conlleva muchos pasos. No es de manera inmediata, como lo pintan los congresistas que proponen y aprueban la creación de estas instituciones a diestra y siniestra. Muy por el contrario, una universidad pública nueva necesita un mínimo de siete años para poder convocar por primera vez a un examen de admisión. El proceso de creación es tedioso, complejo, costoso, pero sobre todo, afecta directamente a las universidades públicas que ya funcionan y a su alumnado. El Parlamento no escucha.
LARGA ESPERA
Este proceso —para crear una universidad— comienza con una reunión entre autoridades regionales y congresistas o por petición de algún alcalde o gobernador. Tras la reunión, se accede a presentar (por presión o por convenio con el legislador) un proyecto de ley que saque adelante una universidad nacional nueva en los distritos de aquellas autoridades.
Esto es aprobado en la Comisión de Educación, que ha sido manejada desde el inicio por legisladores que se encuentran en contra de la reforma universitaria, y luego pasa al Pleno del Congreso.
En el Pleno, casi siempre por insistencia, se aprueba la propuesta y se publica en el Diario El Peruano. Después, el Ministerio de Economía da el visto bueno y acepta un pliego presupuestal para la universidad creada, es decir, designarle dinero para su desarrollo (S/3 millones aproximadamente).
Posteriormente, el Ministerio de Educación crea una comisión organizadora (fungen como los rectores temporalmente) integrada por académicos para que se pueda empezar a construir la casa de estudios y sacar adelante su primer examen de admisión.
Este proceso tiene una duración de entre 7 a 15 años, en lo que la universidad consigue licenciarse por la Sunedu, un establecimiento para funcionar y plana docente.
BANCADAS DESESPERADAS
La desesperación del Congreso por nuevas universidades nacionales es evidente, solo se necesita ver la gran cantidad de proyectos presentados para crearlas desde que comenzaron sus labores en el Legislativo. Entre agosto de 2021 hasta abril de 2025 se presentaron 310 proyectos de ley para crear universidades nacionales. De este grupo, muchas se agruparon en una sola propuesta, debido a las coincidencias en nombres o provincias. En total, hasta la fecha hay aprobadas 27 propuestas distribuidas en 12 regiones a nivel nacional (ver infografía). Las bancadas autoras de estas iniciativas fueron Perú Libre, Juntos por el Perú, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial, Bancada Socialista y Fuerza Popular.
“Es que esas universidades ya han demostrado que en realidad no crecen. No pasan de 1,500 o 2,000 alumnos, porque finalmente los jóvenes lo que quieren es irse a la capital. No porque creas una universidad en el distrito, todos los chicos van a ir. Eso es mentira, eso no pasa. La evidencia te lo muestra, la más grande (evidencia) es la Nacional de Juliaca”, aseguró Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior a Perú21.
Solo por poner un ejemplo, en Cusco —que a la fecha ya cuenta con dos universidades nacionales con licencia— hay aprobados cuatro proyectos de ley a la espera de que el MEF les entregue un presupuesto. Lo mismo pasa con Cajamarca y Junín. Ambas tienen tres universidades públicas por región funcionando y ahora les han creado dos más.
Los casos más impactantes son los de Lima y Puno. La capital ya tiene nueve casas de estudio públicas con licencia y funcionando, y ya hay cuatro proyectos aprobados para crear nuevas universidades. En Puno, hay dos centros de estudios superiores activos y se quieren crear seis universidades extras.
VERDADERAS RAZONES
Este diario reveló que el principal impulsador de la creación de nuevas universidades es el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón Rojas; solo en 2024, ha propuesto 10 proyectos y para 2025 ya agrupaba 40. Él aseguró a este diario que “es el clamor de más de 338,000 estudiantes que no acceden a los estudios universitarios superiores de un total de 667,000 (2023), cifra que aumenta más cada año”. Sin embargo, ¿los universitarios le pidieron crear una universidad con el nombre de su padre?
Así es, el congresista Waldemar Cerrón presentó el 30 de noviembre de 2022 un proyecto de ley para crear la Universidad Nacional Autónoma Jaime Cerrón Palomino, en “honor” a su padre. La carrera principal que se iba a enseñar en la universidad Cerrón era pedagogía, justamente, la profesión que ejercía el padre del congresista. El proyecto, al ser un centro de estudios que iba a ser ubicado en Junín, se agrupó con otras propuestas y quedó aprobado con el nombre Universidad Nacional de Chupaca.

Con esto, quedan en evidencia algunas de las razones por las que se insiste tanto en este tipo de proyectos de ley, pero hay más. Según fuentes de Perú21, el prófugo Vladimir Cerrón —dueño de Perú Libre y hermano del parlamentario Waldemar— sería el impulsor de este tipo de propuestas legislativas.
Cerrón, que se encuentra no habido desde hace más de un año, fue visto en un chat de WhatsApp comunicándose con un miembro del partido A.N.T.A.U.R.O., mientras buscaban la reorganización del comité de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Esto en respuesta a un proyecto de ley aprobado por el pleno y propuesto por su hermano Waldemar.
“El tema es de decisión política y votos. Yo estoy aquí en la sesión (de Educación). Y hay los votos. El traidor Bellido, el felón Sánchez, Balcázar y Medina echados a las mafias de los Alcántara”, escribió el contacto que identificaba a Vladimir Cerrón en el chat.
Los Cerrón buscaban que los miembros de la nueva comisión organizadora de dicha universidad estén relacionados con Perú Libre. Lo mismo imitarían en el resto de las universidades a nivel nacional que buscan fundar, 26 ya tienen aprobadas y publicadas en El Peruano.
PRESUPUESTO LISTO
Cada universidad que tiene el visto bueno del Minedu y de la presidenta Dina Boluarte es irreversible. Lo que significa que sí o sí se le tiene que dar presupuesto, asignar una comisión organizadora y empezar el proceso para alcanzar la licencia de funcionamiento. De las 26 aprobadas ocho ya tienen un pliego presupuestal.
En esta lista se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de Cutervo (Cajamarca), la Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú, la Nacional de Folklore José María Arguedas, la universidad Nacional de Carabaya, la Tecnológica de Chincha, la Autónoma de Chupaca, la Universidad Perla del Vilcanota, la Tecnológica de San Juan de Lurigancho y por último la Universidad Nacional de Arte Escénico (UNAE).
Si bien se mencionan nueve nombres, la asignación de la universidad nacional Tecnológica de Chincha no estuvo contemplada en el texto sustitutorio del proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, aprobado en diciembre de 2024.
“A las universidades se les da un presupuesto de algunos millones para pagarle a sus funcionarios iniciales. Su comisión organizadora (que consta de tres integrantes) cuesta cada uno S/15,000. Entonces son S/45,000 mensuales, se multiplica por 12, ahí se va S/1 millón. Tienen que alquilar un local, tienen que contratar personal administrativo de inicio, todo eso puede sumar unos S/5 o S/6 millones”, dijo Jorge Mori.

Recordó también que el dinero que se le da a las nuevas universidades le quita disponibilidad a las universidades públicas que ya funcionan, como la Universidad Mayor de San Marcos, la Nacional de Piura, la Villarreal y hasta a la San Cristóbal de Huamanga. “Les está bloqueando demandas adicionales porque le están dando (dinero) a las universidades chiquitas, es un efecto dominó”, aseguró el experto de Cappes.
Por otro lado, insistió en recordar que la demanda de profesores en diferentes regiones es bastante baja y que hay una gran posibilidad que no se llenen los puestos de catedráticos que requieran.
Este diario buscó con insistencia al congresista Waldemar Cerrón para entrevistarlo sobre el tema, prometió una entrevista a Perú21, pero hasta el cierre de la edición no brinda una respuesta.
Desde el área de comunicaciones del Minedu aseguraron no tener un vocero disponible para el tema, se enviaron preguntas a ser respondidas por la entidad, pero hasta el cierre de este informe tampoco hubo una respuesta.