Óscar Acuña Peralta, figura política y hermano del candidato presidencial César Acuña, enfrenta prisión preventiva a raíz de su vinculación con una red investigada por delitos de organización criminal y corrupción. La medida forma parte de acciones más amplias de la Fiscalía Anticorrupción, que en noviembre realizó allanamientos simultáneos en Lima, La Libertad y Áncash, dirigidos a desarticular esquemas irregulares en la contratación de servicios estatales.
Las diligencias judiciales incluyen imputaciones directas contra Acuña Peralta y otras personas, señaladas por participar en maniobras que habrían facilitado operaciones empresariales en el programa escolar Qali Warma. Las autoridades buscan esclarecer el flujo de dinero y las presuntas gestiones de favores, fiscalizando a quienes habrían permitido que empresas operaran bajo condiciones cuestionadas.
Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva
El Ministerio Público formalizó, el 25 de noviembre, el pedido de detención preventiva durante dieciocho meses para Óscar Acuña Peralta, Aníbal Morillo Arqueros y Milton Helmer Broca Alcántara. De acuerdo con la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la medida responde a evidencias recabadas en el marco de una investigación vinculada al programa alimentario Qali Warma, involucrando desembolsos y favores a cambio de facilitar operaciones empresariales.
Óscar Acuña permanece no habido, mientras su coprocesado Aníbal Morillo Arqueros fue detenido y permanece en custodia de la Carceleta Judicial de la sede Iquitos, a la espera de la audiencia virtual fijada por el tribunal. Por su parte, la defensa de los imputados será garantizada por abogados particulares o defensores públicos según lo dispuesto por el juzgado.
Diligencias y operativos en varios departamentos
La investigación fiscal, liderada por el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, incluyó un conjunto de allanamientos simultáneos en diversas regiones como parte de la estrategia para recabar pruebas sobre la presunta red criminal. Agentes ejecutaron registros en domicilios y oficinas, buscando documentos y dispositivos que sustenten los cargos por tráfico de influencias y sobornos en el sector público.
