La polémica designación del cirujano dentista Luis Antonio Valverde Cueva como gerente de la Sub Región El Pacífico del Gobierno Regional de Áncash ha escalado a un nuevo nivel. A pocos meses de culminar la actual gestión regional, el Consejo Regional aprobó denunciar penalmente al gerente general regional, Marco La Rosa Sánchez Paredes, y al propio funcionario designado, por presuntas irregularidades vinculadas a dicho nombramiento.
El acuerdo se sustenta en el Informe N.° 003-2026-GRA/CR-ARMP, elaborado por el consejero regional por Casma, Andy Richard Montes Pimentel, quien concluyó que Valverde Cueva no cumplía con los requisitos de idoneidad exigidos para ocupar la Gerencia de la Sub Región El Pacífico.
Según el documento, el funcionario posee formación profesional como cirujano dentista y una maestría en Gestión de los Servicios de la Salud, experiencia orientada al sector sanitario y no a la gestión de infraestructura, inversión pública o ejecución de obras, áreas que constituyen la función principal de la entidad subregional.
El informe sostiene que la designación habría vulnerado las disposiciones de la Ley N.° 31419, que regula la idoneidad para el acceso y ejercicio de cargos de confianza y directivos en el Estado, además de apartarse de los perfiles establecidos en el Manual Clasificador de Cargos del Gobierno Regional de Áncash.
Para los consejeros, esta presunta irregularidad no sería un hecho aislado, sino el punto de partida de diversos problemas administrativos que posteriormente afectaron a la Sub Región El Pacífico, incluyendo retrasos en proyectos, dificultades de gestión y cuestionamientos al manejo institucional.
La denuncia será remitida al Ministerio Público para que determine la existencia o no de responsabilidades penales. Mientras tanto, surgen interrogantes sobre los mecanismos de control interno que permitieron la designación y por qué las observaciones fueron advertidas recién cuando la gestión regional se encuentra en su etapa final.
La controversia reabre el debate sobre la obligación de garantizar que los cargos estratégicos del Estado sean ocupados por profesionales que cumplan estrictamente con los requisitos técnicos y legales establecidos por la normativa vigente.
