Por Gustavo Calderón
La Comisión Especial de Control Concurrente del Congreso presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra 18 gobiernos regionales por graves indicios de corrupción en 313 obras públicas que comprometieron más de S/ 31 mil 419 millones del presupuesto nacional. El informe parlamentario advirtió que los presuntos actos irregulares involucraron a cerca de 15 mil personas, entre autoridades políticas, funcionarios, servidores públicos y personal de empresas concesionarias.
El presidente de la comisión, José Luna Gálvez, encabezó la presentación del documento y alertó que los sobrecostos identificados superaron los S/ 21 mil 52 millones, producto de incrementos presupuestales injustificados que alteraron de manera significativa los montos originales de las inversiones. Según sostuvo, el patrón detectado revela un esquema sistemático que afectó directamente la ejecución de proyectos esenciales en diversas regiones del país.
“Estamos ante un saqueo sistemático disfrazado de inversión pública. El Estado no puede seguir siendo guarida de corruptos y ladrones”, declaró José Luna Gálvez al exigir que las investigaciones avancen con rapidez y sin interferencias políticas.
El reporte detalló que las obras observadas alcanzaron un valor total de S/ 31,419 millones 996 mil, de los cuales más de S/ 21,052 millones correspondieron exclusivamente a aumentos de costo sin sustento técnico ni económico. La comisión identificó irregularidades en gobiernos regionales de Piura, Loreto, Lambayeque, Arequipa, Tumbes, Cusco, La Libertad, Ica, Áncash, Tacna, Moquegua, Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.
Por número de proyectos comprometidos, el Gobierno Regional de Cajamarca encabezó la lista con 43 obras bajo observación. Le siguieron Huánuco con 38 inversiones, Ayacucho con 26 y Piura con 23. Arequipa, Loreto y San Martín también concentraron un número significativo de proyectos cuestionados, con 18 cada uno, lo que evidenció una problemática extendida a nivel nacional.
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En términos de impacto económico, Arequipa registró el mayor incremento presupuestal, con más de S/ 4,493 millones adicionales. Áncash ocupó el segundo lugar con S/ 2,036 millones, seguido por Cusco, Cajamarca, Loreto, Ayacucho, Piura, Huánuco y Ucayali, entre otras regiones que acumularon aumentos millonarios.
El informe también reveló casos extremos de sobrecostos que superaron el 2,500 %. En Piura, la obra de rehabilitación del sistema de protección del sifón Samán–Canal Norte elevó su presupuesto en 2,837 %. Ayacucho registró un incremento de 1,763.3 % en una carretera local, mientras Cusco, Huánuco y Ucayali presentaron proyectos con alzas superiores al 1,100 %. “Estos incrementos no son errores técnicos. Es saqueo”, sentenció Luna Gálvez.
El legislador cuestionó además la actuación de la Contraloría General de la República y criticó la ausencia de denuncias penales pese a los hallazgos detectados por el propio organismo de control. “Pese a que ellos mismos detectaron irregularidades, no han presentado ni una sola denuncia. ¿Qué esperan?”, reclamó.
Finalmente, Luna exigió una respuesta inmediata del Ministerio Público y anunció que la comisión continuará desplazándose a las regiones para verificar el estado real de las inversiones. “No podemos permitir que estos informes terminen archivados. La Fiscalía debe demostrar su vocación de lucha contra el delito”, afirmó.
En un recuento del impacto social, el parlamentario recordó que el país pierde cada año cerca de S/ 24 mil millones por corrupción. “Ese monto supera el presupuesto 2026 para educación, quintuplica el destinado a salud y triplica el de seguridad ciudadana. ¿Cuántos colegios, hospitales y comisarías se podrían haber construido?”, concluyó.
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