En sesión conjunta extraordinaria, las comisiones de Presupuesto y de Trabajo del Congreso acordaron citar para este viernes, a las 09:00 horas, al presidente de Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén y al ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, para que expliquen el procedimiento que se aplicará para la extinción de 14 programas de infraestructura recientemente anunciado por el Gobierno.
Ambos grupos de trabajo aprobaron, por unanimidad, la propuesta de fecha y hora, con 21 y 13 votos a favor, respectivamente.
Como se recuerda, el titular del MEF indicó que la medida permitiría concentrar la inversión pública en una sola institución como la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
Adrianzén y Salardi, así como el director ejecutivo de la ANIN estaban invitados a la sesión conjunta prevista para hoy, pero solicitaron su reprogramación.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lady Camones (Alianza para el Progreso), dijo que la invitación a las autoridades del Ejecutivo se da en cumplimiento de sus funciones de fiscalización y, principalmente, por el pedido de los sindicatos de trabajadores que forman parte de estos programas de los diferentes ministerios que se verían inmersos en esta extinción.
“A la fecha, no existe precisión sobre los efectos presupuestales, las medidas que se tomarían para trasladar la cartera de proyectos asegurando la ejecución y financiamiento de estos, como tampoco se tienen información alguna sobre los efectos de esta propuesta con respecto a los trabajadores de estos programas”, advirtió.
En ese sentido, Camones Soriano, pidió que toda medida referida al traslado de la titularidad de estos proyectos de inversión, se estudie con un mayor detalle y se asegure en todo momento que el financiamiento y la ejecución no se pongan en riesgo.
En la sesión participaron algunos representantes de los sindicatos de trabajadores de entidades públicas como el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel); Provías Nacional y Descentralizado y de ministerios quienes manifestaron que la disposición podría afectar a alrededor de 15 mil familias.
