Falleció el interno del penal Cambio Puente, Diego David Luna Gómez (26), quien permanecía hospitalizado desde la noche de ayer lunes tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado dentro del establecimiento penitenciario, en Chimbote.
El personal del hospital La Caleta informó que el recluso presentaba graves lesiones en el rostro y las manos. El interno le llegó a decir a los médicos que le habían colocado una almohada en el rostro y la incendiaron.
Debido a su estado crítico, la Defensoría del Pueblo de Chimbote informó que se estaba gestionando su referencia a un establecimiento médico de alta complejidad, pero su cuerpo no resistió más y murió esta tarde.
Aún el interno con vida, su madre, Ingrid Gómez Sánchez, denunció que su hijo había sido víctima de tortura dentro del penal y responsabilizó al director del establecimiento penitenciario, Walter Falla Baca, y al trabajador Floriano Gamarra, quien se desempeñaría como jefe de seguridad.
La mujer aseguró que se trata de una venganza contra su hijo luego de que el 14 de julio denunciara a Walter Falla y Floriano Gamarra ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio Público debido a que Diego Luna ya había sido anteriormente víctima de tortura.
“Tras llegar el documento de la denuncia, el jefe de seguridad encontró a mi hijo en la cocina y lo empezó a arrastrar y a golpear. Luego lo llevaron a un cuarto y él ya no recuerda más”, contó entre lágrimas Ingrid Gómez.
La madre negó que su hijo se haya autolesionado, tal como dijo el director del penal, Walter Falla, debido a que el interno se encontraba en un pabellón de régimen cerrado especial, donde no hay encendedores ni armas punzocortantes.
Exigen informe al INPE
Tras la muerte del recluso, la Defensoría del Pueblo de Chimbote exigió al Instituto Nacional Penitenciario un informe detallado sobre lo ocurrido y solicitó a la Cuarta Fiscalía Provincial Penal del Santa actuar con celeridad en la investigación, y de ser necesario, derivar el caso a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
“Recordamos a la autoridad penitenciaria que toda persona privada de libertad tiene derecho a la vida, la integridad y condiciones dignas de reclusión. Por lo que es deber del Estado asegurar su protección”, indicó la entidad defensorial. RSD CHIMBOTE.
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