La Contraloría revela que más de 1 500 cámaras, 1 000 radios y 378 vehículos municipales no funcionan, y el 63 % del personal de serenazgo opera sin protección, revela el operativo en 248 gobiernos locales.
La Contraloría General reportó hallazgos críticos en su operativo “Servicios de seguridad ciudadana ejecutados por los gobiernos locales”, realizado del 8 al 14 de mayo en 248 municipios de 24 regiones. Se identificaron 1 553 cámaras de videovigilancia inoperativas, 1 054 equipos de radiocomunicación fuera de servicio, y 378 vehículos municipales en mal estado, lo cual debilita la capacidad de respuesta local ante emergencias.
El estudio reveló que el 20 % de las 6 144 cámaras instaladas no funciona, con mayores deficiencias en Arequipa (255), La Libertad (180) y Lima Provincias (153). Además, 1 381 cámaras (22 %) no almacenan grabaciones por el mínimo legal de 45 días, incumpliendo la normativa de seguridad. Sorprendentemente, el 86 % de los municipios supervisados no cuentan con un plan de mantenimiento regular, lo que compromete la eficacia de los sistemas.
En cuanto a los equipos de radiocomunicación, el 19 % no operan correctamente, especialmente en Piura (259), Lima Provincias (119) y Arequipa (83). Asimismo, el 32 % de los gobiernos locales no tiene un centro de videovigilancia o telecomunicaciones, limitando la coordinación en casos de riesgo.
Respecto al patrullaje, 378 vehículos (14 %) están inoperativos, principalmente en Lima Provincias, Cusco y Tacna. Además, el 14 % de los municipios no realiza patrullaje conjunto con comisarías, lo que debilita la seguridad ciudadana. Otro dato alarmante es que el 63 % del personal de serenazgo trabaja sin protección adecuada, y el 20 % sólo recibe equipo parcial, exponiéndolos a riesgos innecesarios.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría recomendó a los gobiernos locales implementar planes de mantenimiento obligatorios, fortalecer la dotación de equipos, promover patrullaje integrado con las fuerzas del orden y mejorar el resguardo de los serenos. Estas acciones buscan garantizar una gestión más eficiente y proteger la seguridad de las comunidades.
