Catorce meses después de que se destapara el escándalo de corrupción en el programa Qali Warma —luego denominado Wasi Mikuna y hoy Programa de Alimentación Escolar— varios de los funcionarios implicados continúan vinculados al Estado, ya sea percibiendo sueldos públicos, reincorporados al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) o beneficiados por la anulación de procesos administrativos, sin que hasta el momento se hayan concretado sanciones definitivas.
Una investigación del programa televisivo Punto Final, de Latina, reveló que, pese a los anuncios oficiales de separación de los implicados, los principales integrantes de la presunta red criminal lograron revertir sus destituciones debido a errores administrativos cometidos por el propio Midis, lo que debilitó las medidas disciplinarias adoptadas tras el destape del caso.
Uno de los casos que genera mayor atención en Chimbote es el de Luis Alejandro Álvarez Saavedra, quien al momento de los hechos se desempeñaba como especialista alimentario de la Unidad Territorial Áncash 2 de Qali Warma, con sede en Nuevo Chimbote.
Álvarez Saavedra figuró entre los funcionarios comprendidos en una detención preliminar ejecutada en noviembre pasado, durante un operativo que incluyó el allanamiento simultáneo de 13 inmuebles en La Libertad, Áncash y Lima, en el marco de una investigación por organización criminal y tráfico de influencias. No obstante, Punto Final informó, al momento de la emisión del reportaje, que el funcionario se encontraba en su domicilio, ubicado en un condominio de Chimbote.
Según la Fiscalía, habría recibido pagos mensuales de la empresa Frigoinca a través de la cuenta bancaria de su esposa, con el objetivo de favorecer contratos vinculados al programa de alimentación escolar. Pese a encontrarse formalmente suspendido, el dominical señaló que continúa percibiendo su salario.
De acuerdo con la investigación fiscal, el caso de Álvarez Saavedra no sería aislado. El Ministerio Público sostiene que integró un grupo de funcionarios que habría intervenido en la modificación de menús y especificaciones técnicas para beneficiar a Frigoinca, lo que permitió la adjudicación de contratos millonarios destinados al suministro de alimentos para escolares en situación de vulnerabilidad.
El reportaje también da cuenta de que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) dejó sin efecto las destituciones iniciales ejecutadas por el Midis al detectar deficiencias en los procedimientos administrativos. Como resultado, 10 funcionarios involucrados quedaron legalmente habilitados para retornar al sector público, pese a los graves cuestionamientos que pesan sobre ellos.
Según la información difundida, tres de estos exfuncionarios ya han sido reincorporados y actualmente perciben sueldos del Estado; dos se encuentran prófugos de la justicia, mientras que otros cinco cumplen prisión preventiva en el marco de las investigaciones penales en curso.
Entre los implicados figura también Deyvis Espinoza Mendoza, a quien la Fiscalía atribuye haber recibido 215 mil soles en pagos fraccionados para favorecer productos de Frigoinca mediante la alteración de especificaciones técnicas. Las transferencias, según la investigación, habrían sido canalizadas a través de su esposa, Yesabella Pazos Cribillero, exfuncionaria del sector Salud. Ambos permanecen en condición de no habidos.
Tras el escándalo, el entonces ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, anunció públicamente la separación de los funcionarios involucrados y el inicio de acciones administrativas. Sin embargo, a más de un año del destape, las resoluciones anuladas y las reincorporaciones registradas evidencian que parte de los implicados mantiene, directa o indirectamente, vínculos con el aparato estatal.
