La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa solicitó siete años de prisión para los exgobernadores regionales de Áncash, César Álvarez Aguilar y Juan Carlos Morillo Ulloa, por presuntos actos de corrupción en la obra del canal integrador Santa-San Bartolo.
En el requerimiento mixto (acusación y archivamiento), al que RSD tuvo acceso, el fiscal Laureano Añanca Chumbe atribuye al hoy encarcelado César Álvarez el delito de colusión en calidad de autor, por su condición de entonces gobernador regional.
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En tanto, a Juan Carlos Morillo, actual candidato al Gobierno Regional de Áncash por Somos Perú, se le imputa el mismo delito en calidad de cómplice, debido a su desempeño como gerente general de la empresa JJM Minería & Construcción S.A.C.
El pedido de prisión también comprende a exfuncionarios del Proyecto Especial Chinecas y representantes de las empresas contratistas y supervisoras que participaron en la ejecución del proyecto. Entre ellos figuran Juan Cortez Chicoma, Hugo Rojas Rubio, Arnulfo Moreno Corales, Víctor Cerna Baes, Elvis Camarena Luna, Álvaro Saldarriaga Condoy, César Ferre Rodríguez, Gustavo Romero Gómez y Enrique Villa Espinoza, como presuntos autores; así como Francisco Argumedo Estay, Francisco Argumedo Druet, Yuri Manrique Rivera y Dulio Ayaipoma Nicolini y Janeth Morillo Ulloa, hermana de Juan Morillo y actual candidata a vicegobernadora regional por Somos Perú, en calidad de cómplices.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó que todos los acusados sean inhabilitados para ejercer función pública por el mismo periodo de la eventual condena.
En el mismo requerimiento, la Fiscalía pidió el sobreseimiento por el delito de negociación incompatible para Yordan Baldoceda Ponce, Víctor Caballero Moreno, Dante Jiménez Mejía, Ismael García Rivera, Alejandro Alvarado Salas, Samuel Minaya Prieto, Aldo Mautino Bastos y Fernando Luna Victoria, al considerar que la acción penal prescribió.
Además, fueron incorporados como terceros civilmente responsables el Consorcio San Bartolo, ARSAC Contratistas Generales, JJM Minería & Construcción S.A.C., JJM Contratistas Generales S.R.L., Proyect Construction S.A.C. y CESEL S.A.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, Crimen Organizado y Lavado de Activos de la Corte Superior de Justicia del Santa programó para el martes 21 de julio, a las 9:00 a. m., el inicio de la audiencia de control del requerimiento mixto, la cual se desarrollará de manera virtual.
Presuntas irregularidades
De acuerdo con la investigación fiscal, funcionarios del Proyecto Especial Chinecas, del Gobierno Regional de Áncash, y representantes de las empresas contratistas y supervisoras habrían concertado para ejecutar el proyecto sin el debido sustento técnico ni de inversión pública, favoreciendo presuntamente al Consorcio San Bartolo y a la empresa supervisora CESEL.
La Fiscalía sostiene que durante la ejecución se aprobaron adelantos, ampliaciones de plazo, adicionales de obra y pagos que contravenían la Ley de Contrataciones del Estado, ocasionando un significativo perjuicio económico al Estado.
Entre las principales observaciones figura la elaboración del expediente técnico sin la declaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el incremento injustificado del valor referencial de la obra y la entrega de adelantos por más de 10.5 millones de soles al consorcio San Bartolo y de más de 400 mil soles a la empresa supervisora, pese a que dichos pagos no estaban contemplados en las bases ni en el contrato.
La investigación también señala que la obra, cuyo plazo inicial de ejecución era de aproximadamente 220 días, se extendió por cerca de 800 días tras aprobarse más de 12 ampliaciones de plazo y diversos adicionales de obra.
Como consecuencia de estas modificaciones, el presupuesto del proyecto pasó de 17.7 millones a 36.5 millones de soles, es decir, se habrían desembolsado cerca de 18 millones de soles adicionales, pese a que la infraestructura no llegó a culminarse totalmente.
Además, la supervisora CESEL habría cobrado la totalidad de la contraprestación, aunque la supervisión de la obra no se ejecutó íntegramente, según la tesis del Ministerio Público. (V.Z.
