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La crisis interna en la administración departamental ha estallado de manera definitiva. Este jueves 21 de mayo, los cuatro Sindicatos de Trabajadores del Gobierno Regional de Áncash (GRA) iniciaron una contundente medida de fuerza con un plantón general y paralización de labores, en protesta contra lo que califican como un traslado «abusivo, autoritario e intempestivo» de las oficinas de la sede central hacia locales privados alquilados.
Los gremios de servidores públicos emitieron un enérgico pronunciamiento conjunto dirigido a la opinión pública, manifestando su total rechazo al desordenado movimiento del acervo documentario, mobiliario institucional y equipos tecnológicos. Denuncian que esta operación se ejecutó de forma clandestina, sin sustento técnico ni legal adecuado, vulnerando los principios elementales de la gestión pública.
Denuncian amedrentamiento y riesgos en el acervo documentario
Los representantes sindicales alertaron que la manipulación y el traslado repentino de los folios oficiales pone en grave riesgo de pérdida o deterioro a expedientes administrativos, legales y presupuestales de alta sensibilidad, lo que podría paralizar la continuidad de los servicios y la ejecución de obras en beneficio de las 20 provincias de la región.
«El traslado se ha iniciado por las oficinas que tienen menor cantidad de personal de planta, utilizando el amedrentamiento, la coacción y amenazas directas contra los agremiados. Esto vulnera el respeto mínimo a las condiciones laborales de los servidores públicos», denunciaron los secretarios generales en el documento oficial.
Koki Noriega rompió los acuerdos de abril
El principal detonante de la indignación de los trabajadores es la ruptura de los compromisos asumidos por el gobernador regional, Koki Noriega Brito. Según detallan, en una mesa de diálogo realizada el pasado martes 14 de abril, la autoridad regional se comprometió formalmente a:
- Conformar una comisión mixta de traslado integrada por funcionarios y representantes de los trabajadores.
- Elaborar y aprobar de manera consensuada un Plan de Reubicación Institucional que garantizara la seguridad de la información y la logística de los empleados.
Sin embargo, los manifestantes recalcaron que dicho plan jamás se presentó y que las mudanzas se aceleraron de manera unilateral. Ante este escenario, recordaron a las gerencias involucradas que los bienes trasladados constituyen patrimonio del Estado y que su manipulación indebida o la pérdida de documentos configurará de inmediato responsabilidades administrativas, civiles y penales ante el Ministerio Público.
Los manifestantes advierten que el plantón de hoy es solo el inicio de una escalada de protestas drásticas e indefinidas hasta que el gobernador Noriega asome al despacho y respete los convenios laborales suscritos.
