La amn1stía para policías, militares y comités de autodefensa acusados de violaci0nes de derech0s human0s durante el conflicto armado interno (1980–2000). Entre aplausos de congresistas fujimoristas, ultraconservadores y mandos castrenses, la presidenta ignoró la advertencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó suspender la medida y la citó a una audiencia el 21 de agosto.
La norma —comparada por expertos con la amnistía de Alberto Fujimori en los 90— podría blindar a responsables de crím3nes de l3sa humanidad como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, calificadas por la Corte IDH como casos que no pueden ser amnistiad0s. Organismos de derechos humanos denuncian que el Perú entrará en desacato internacional y que el gobierno consolida así un pacto de impunidad con sectores militares y policiales que respaldan a Boluarte.
La propuesta, que fue aprobada en primera votación con 60 votos a favor ( Congresista Ancashina: Nilza Chacón voto a favor), 36 votos en contra, y 11 abstenciones, plantea en el artículo 4 del dictamen que “nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002″, fecha en la que se estableció la vigencia del Estatuto de Roma al que el Perú se adhirió a fin de avanzar en materia de justicia y que evita la impunidad.
Como se sabe, hasta antes de esta fecha, la mayoría de los delit0s señalados como violaci0nes a derech0s humanos y tipificados por el Ministerio Público como delit0s de l3sa humanidad, provenían de matanzas militares y grupos paramilitares bajo órdenes del Gobierno de Alberto Fujimori y su secretario, Vladimiro Montesinos. De hecho, ambos exfuncionarios se encuentran enfrentando procesos judiciales y condenas por estos mismos delit0s, al ser considerados autores mediat0s.
Congreso intenta presionar al Poder Judicial con la nueva Ley de Amnistía
Como si abrir la puerta para que se aplique esta norma en favor de la impunidad no fuera suficiente, el Congreso también pretende vuln3rar la autonomía del Poder Judicial con esta nueva norma. Estableciendo una advertencia para todo aquel juez que decida aplicar el control difuso y descartar la norma haciendo uso de su independencia de decisión. En el artículo 5 del dictamen votado este jueves, el Congreso establece que con esta norma “Nadie será procesado (…) bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional”.
“Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delit0s de lesa humanidad o crím3nes de guerra, por hechos cometid0s con anterioridad al 01 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delit0 de l3sa humanidad o crím4nes de guerra”, se lee en el documento
El abogado especialista en derechos humanos, Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal, señaló que dicha norma no solo vuln3ra la independencia del Poder Judicial; sino que termina por configurarse como una norma inconstituci0nal.
La Comisión Permanente aprobó anteriormente la iniciativa fujim0rista con 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención.
¿Quiénes votaron a favor de la Ley de Amnistía?
La nueva ley de Amnistía obtuvo 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Los votos a favor provinieron principalmente de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú y Honor y Democracia.
Por Fuerza Popular respaldaron la medida Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Martha Moyano, Arturo Alegría, César Revilla y Héctor Ventura. De APP emitieron votos favorables María Acuña, Alejandro Soto y Lady Camones ( Congresista por ANCASH), Por Renovación Popular apoyaron Norma Yarrow y Esdras Medina. Avanza País sumó los votos de Roselli Amuruz y José Williams. En Honor y Democracia votó a favor Jorge Montoya, mientras que en Podemos Perú lo hicieron Digna Calle y José Arriola.
La norma ot0rga amnistía a quienes están siendo procesad0s sin sentencia firme por estos delitos y a los que ya han sido sentenciados con más de 70 años de edad. Durante el debate, organizaciones de derechos humanos y familiares de víct1mas expresaron su rechazo, indicando que la ley representa un obstácul0 para el acceso a la justicia y la reparación. Señalaron que la medida podría derivar en el archiv0 de más de 150 cas0s sentenciad0s y cerca de 600 procesos en curs0.
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