El crimen organizado tiene en vilo a la ciudadanía pero también a jueces y fiscales. Un amplio número de funcionarios ha permanecido bajo amedrentamientos y ataques a su integridad física en lo que va del 2025. En algunos casos, incluso, se reportaron víctimas mortales.
“Son más de 68 fiscales los que cuentan con resguardo policial por haber sido víctimas de amenazas”, ha detallado el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, el último viernes 19.
En la mira
Al número indicado por Gálvez Villegas se suma el caso del fiscal César Changa, de la Segunda Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.
El funcionario investiga a la organización criminal “Los injertos del Cono Norte” y consiguió, el último 19 de diciembre, que se dicte prisión preventiva a diez de sus presuntos miembros.
El hoy recluido Erick Moreno, alias “El Monstruo”, es sindicado de dirigir dicha red. Fue capturado el 25 de setiembre en Paraguay tras varios meses en la clandestinidad.
El último 28 de octubre, Changa recibió amenazas contra él y su familia. Los mensajes, que le fueron enviados a través de WhatsApp, contenían fotografías de armas de fuego y alusiones a sus familiares, informó América Noticias.
Además, Changa informó que ha reiterado su pedido de resguardo policial al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, el 25 de noviembre. “El riesgo está latente. Me solidarizo con mis colegas, sé lo que se siente recibir ese tipo de mensajes”, sostuvo.
Más fiscales en riesgo
La lista de fiscales amedrentados es amplia y tiene muchos protagonistas. La fiscal Jennifer Ludeña, del Distrito Fiscal de la Libertad, recibió amenazas en enero último.
Los mensajes que recibió, vía WhatsApp, venían acompañados del árbol genealógico de su familia. El padre de sus hijas también fue coaccionado. “Si Jennifer Ludeña se opone a mi cese de prisión, mataré a sus hijas”, narró el fiscal Alejandro Urtecho, en audiencia pública, sobre uno de los mensajes enviados.
La madrugada del 20 del mismo mes, a las 12:26 a.m., la sede institucional de la Fiscalía de La Libertad fue atacada con dinamita. Quince viviendas contiguas fueron dañadas. El entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, detalló que, “fue dejado este explosivo, específicamente, para amedrentar el trabajo de la fiscal Ludeña”.
La funcionaria tenía “a su cargo la sustentación de una ampliación de prisión preventiva contra (sindicados miembros) de la organización criminal ‘Los Compadres’”. Solo a inicios del mes en el que ocurrió el atentado, juró como presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales de la jurisdicción.
Por otro lado, la fiscal Margarita Haro, de la Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho, denunció el mismo tipo de ataques. Según detalló en octubre último, estos se iniciaron tras asumir una investigación, que originó prisiones preventivas, a la banda criminal “Los Chukys de Juan Pablo II”.
La fiscal fue intimidada para que renuncie a su cargo en un plazo de 24 horas. El mensaje fue recibido el 17 de octubre por parte de otra red criminal: “Los Pepes de San Juan de Lurigancho”, que estaría liderado por alias “Colocho”.
“No voy a sucumbir ante ningún amedrentamiento que quiera vulnerar mis decisiones”, sostuvo Haro en aquel entonces.
Otro preocupante caso es el de la fiscal Miriam Parra, quien también fue intimidada el último 11 de diciembre. “Por tu culpa estoy pudriéndome en la cana. Sabemos donde vives (…). Sabemos que estás chalequeada por (la) Policía, pero en algún momento estarás sola. Ese día será tu último día de vida”, se lee en el misiva enviada por WhatsApp.
Este caso graficaría que no solo los fiscales contra el crimen organizado son amenazados, pues la funcionaria labora en la Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar de Lima Norte.
En la citada conferencia de prensa, en la que participó el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, también se informó que Parra fue abordada por un desconocido a bordo de una motocicleta, en abril último. El ataque, por suerte, fue frustrado por el policía que la resguardaba y así se observa en un video.
Justicia en peligro
El panorama es aún más desolador si se aborda la situación de los magistrados del Poder Judicial. Dos jueces fueron asesinados en menos de una semana, entre el 5 y el 10 de octubre pasado.
Ambos se desempeñaban como jueces de paz. Estos funcionarios son elegidos por los ciudadanos, en una determinada comunidad, y resuelven conflictos locales.
Jorge Fernández Sánchez, juez de paz de Quilmaná (Corte Superior de Cañete), fue acribillado mientras retornaba a su vivienda a bordo de su vehículo.
La tesis fiscal apunta a que el magistrado se negó a ceder ante presiones de grupos delictivos.
Cinco días después, su colega de Chicama (Ascope), de la Corte Superior de La Libertad, Víctor Hugo López de la Cruz, murió en circunstancias similares.
El magistrado fue asesinado de cuatro disparos al interior de su oficina, a la que delincuentes ingresaron raudamente. Una de las líneas de investigación sobre su deceso apunta a que fue víctima de extorsiones, pues se negó a brindar certificados de posesión de terrenos ilegales.
Otros dos jueces, cuya identidad fue protegida, también fueron conminados por delincuentes. Los nombres de ambos, pertenecientes a la Corte Superior de Justicia de Lima, se hallaron en una nota extorsiva.
La misiva vino acompañada de explosivos y las fichas Reniec de los jueces al interior de una caja. Esta fue dejada en el frontis del penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho.
“Señores jueces, si no actúan también absténgase las consecuencias”, se leía en el mensaje atribuido a bandas criminales que podrían operar al interior del centro penitenciario.
En la misma línea, meses atrás, en mayo, otros dos jueces de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla fueron amedrentados.
El video extorsivo circuló en redes sociales. Allí se mostraban armas de fuego y amenazas. Sin embargo, también se aludía a un presunto pago a los magistrados.
Aunque se iniciaron las investigaciones respectivas, la hipótesis más sólida apunta a que se trata de represalias en contra de los funcionarios.
Ambos integraban el juzgado que impuso severas penas a sindicados integrantes de redes criminales. Solo en el caso de “Los Michis”, dicha instancia dictó 197 condenas, de las cuales, 52 fueron perpetuas.
