Son diez partidos políticos los que en las últimas elecciones generales lograron tener representación en el Congreso de la República para el quinquenio 2021-2026. En consecuencia, son también los responsables de ese 87% de desaprobación que le da la ciudadanía al Parlamento como expresión de rechazo a sus leyes populistas, ‘Niños’, ‘mochasueldos’, sentenciados por corrupción, condenados e investigados por violación sexual y otras perlas.
Pese al descrédito que arrastran desde hace ya buen tiempo, esas mismas organizaciones verán, en los próximos días, engrosar sus cuentas bancarias con las subvenciones del Financiamiento Público Directo (FPD) que recibirán por el periodo comprendido entre julio y diciembre de este año, y que en total asciende a S/7’798,001.64, según la Resolución Jefatural N.º 000092-2025-JN/ONPE.
Lluvia de millones
Son fondos públicos que —al amparo de la Ley de Organizaciones Políticas— transferirá la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a las diez agrupaciones que recibieron hace poco más de cuatro años el respaldo de más de 17 millones de electores. Un trámite que, cabe recordar, se viene cumpliendo escrupulosamente desde julio de 2021, que regirá hasta julio de 2026 y que inicialmente la entidad electoral proyectó que generaría un gasto total de S/77’980,016.40.
A la fecha, sin embargo, la ONPE ha transferido S/52’816,512.65 a los que se añadirán los S/7’798,001.64 del segundo semestre de este año, haciendo un total de recursos asignados de S/60’614,514.30. Solo queda pendiente la transferencia por el periodo enero-junio de 2026.
Los montos para cada partido son variables. Y es que, de acuerdo a ley, en cada caso es proporcional a los votos obtenidos en la elección de representantes al Congreso. Por ello Perú Libre, que en 2021 logró 37 escaños —pero que ahora tiene 11—, habrá percibido hasta julio de 2026 poco más de S/10’756,396; Fuerza Popular, en mérito a sus 24 integrantes en 2021 —que hoy son 21— sumará S/9’575,305 y Renovación Popular S/8’432,687 por los 13 escaños que logró en 2021 y que hoy se han reducido a 11.
En función a ello, las agrupaciones que ingresaron al Poder Legislativo en 2021 siguen recibiendo los mismos ingresos pese a que han perdido en el camino a varios de sus integrantes o, incluso, ni siquiera tienen una bancada congresal representativa. Ejemplo de ello es el Partido Morado cuyos tres parlamentarios formaron inicialmente un bloque junto con Somos Perú, pero que, con el tiempo, se han ido diluyendo y hoy uno se ha incorporado al Bloque Democrático Popular (Susel Paredes) en tanto los otros dos (Edward Málaga y Flor Pablo) tienen la condición de no agrupados. Eso, sin embargo, no impedirá que para el semestre julio-diciembre de este año, dicha agrupación reciba S/620,759.78.
Por su parte, el partido de Vladimir Cerrón —quien cumple hoy 617 días en la clandestinidad— recibirá S/1’075,639.61; Fuerza Popular se beneficiará con S/957,530.59; mientras que Renovación Popular, que obtuvo 13 escaños, se hará con S/843,268.72. A ellos se suman Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País-Partido de Integración Social, Juntos por el Perú, Somos Perú y Podemos Perú (Ver infografía).
Distorsión
De acuerdo a su concepción primigenia, el Financiamiento Público Directo, según la legislación vigente, solo podía destinarse a la formación, capacitación, investigación, y difusión de los partidos, así como para cubrir gastos de funcionamiento ordinario, adquisición de bienes, y contratación de personal, “siempre bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación”.
En esa línea, los fondos no podían ser utilizados con fines de lucro, ni con fines distintos a los establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas y el partido que incumpliera esa disposición, se estableció, incurriría en infracción muy grave y la sanción sería una multa no menor de 31 ni mayor de 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), así como la pérdida del financiamiento público directo.
A lo largo del tiempo, sin embargo, los partidos distorsionaron el concepto y utilizaron la subvención para actividades ajenas a estos parámetros.
Un informe de verificación de la ONPE sobre el periodo julio-diciembre de 2023 reveló que Perú Libre utilizó el dinero para pagar S/9,765.52 en seguro de Essalud y AFP en favor de Vladimir Cerrón luego de que este fuera condenado por el Poder Judicial, en octubre del 2023, a una pena efectiva por el caso Aeródromo Wanka.
Además, en los primeros seis meses de 2024 usó más de S/80 mil para pagar la defensa legal de su líder y varios miles de soles del FPD para el arreglo de una oficina, la remodelación de una cocina y hasta el arreglo de una ducha.
Y no son los únicos infractores, En Fuerza Popular, se señaló, utilizaron S/27,921.53 para financiar el viaje de Keiko Fujimori a Estados Unidos del 28 al 31 de mayo del año pasado.
Quizás ese fue el principal motivo por el que en febrero último, el Congreso de la República cambió las reglas de juego, las alineó a su medida y dispuso flexibilizar el uso de los recursos del Financiamiento Público Directo por parte de los partidos permitiéndoles la compra de inmuebles o la contratación de abogados para la organización, sus representantes y directivos.
En vísperas de un proceso electoral queda pendiente ver cómo y con cuánta transparencia y apego a la ley se administrarán estos fondos públicos. Si algunos como Perú Libre no lo hicieron antes, ¿lo harán ahora? O ¿hecha la ley, hecha la trampa?
El monto asignado a cada organización resulta de multiplicar el número total de votos emitidos para elegir representantes al Congreso de la República por el 0.1 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
Para recibir la subvención, los partidos deben previamente declarar que cuentan con representante legal y tesorero con poderes vigentes inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas, presentar su programación de gastos y actividades para el año y haber cumplido con presentar su anterior rendición de cuentas.
OPINA
José Naupari, experto en Derecho constitucional y electoral
“Se triplicará el monto con la bicameralidad”
Hay que considerar que con la bicameralidad el monto se va a triplicar. Yo hubiera sugerido, primero, que se ajuste el porcentaje de la UIT por cada voto emitido que se va a asignar como la bolsa para poder retribuir el financiamiento público directo (FPD). Segundo, coincido con quienes apuntan que debiera ajustarse anual o semestralmente el monto asignado a los partidos en función a si conservan el número de representantes, pero también a las mismas personas con las que llegaron al Parlamento.
En cuanto a cómo utilizan los recursos, ya el Congreso ha validado con una modificación legislativa que el FPD no es solo para pagar sueldos, sino abogados de dirigentes, incluso de voceros del partido. Eso, hoy por hoy, ya es legal. Lamentablemente, el Congreso ha abierto la puerta para que se utilice para fines que no debería.
El FPD tú lo puedes entender como un mecanismo de incentivo para poder obtener mayor representación en el Congreso o para fortalecer a los partidos políticos, el origen es: ‘oye, utilízalo para capacitar a tu gente, no para otra cosa’. Pero hay un tema que tampoco estamos viendo y es el hecho de que el financiamiento público directo está siendo compartido con el financiamiento privado, que este Congreso ha incrementado los topes de manera exorbitante y también, incluso, permitiendo aportes confidenciales.
Hay algunos temas que eventualmente tendrían que repensarse, pero con este Congreso, o con uno distinto que va a tener el mismo origen, dudo mucho que pase.
